La candidata de Fuerza Popular dijo que buscará "conocer la verdad" sobre este tema y reparar a las víctimas si las hay.
La candidata presidencial Keiko Fujimori, favorita en los sondeos para las elecciones del próximo 10 de abril en Perú, afirmó este martes que un eventual Gobierno suyo ofrecerá reparaciones a las posibles víctimas de las esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).
Durante un acto proselitista, la candidata negó las acusaciones de organizaciones civiles que indican que fueron miles las afectadas por la campaña estatal de esterilizaciones conocida como de "Salud Reproductiva" y aseguró que en la Fiscalía hay 30 denuncias por estos casos.
"En este programa hubo algunas denuncias. No 300.000, como señalan algunos adversarios políticos. Durante los años del gobierno de mi padre y los primeros de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) se presentaron cerca de 300 quejas en la Defensoría del Pueblo. Luego estas se convirtieron en cerca de 30 denuncias en la Fiscalía", comentó.
Fujimori aseguró que se solidariza con las mujeres que pudieron ser operadas sin su consentimiento y enfatizó que buscará "conocer la verdad" sobre este tema. "Si hay alguna mujer operada sin su consentimiento, tendrá que ser reparada por el Estado", afirmó.
Acusa al Gobierno de politizar el tema.
La candidata también criticó que el actual gobierno de Ollanta Humala haya creado un registro de víctimas de las esterilizaciones cuando comenzaba la actual campaña electoral y no al inicio de su mandato, en el 2011.
"Si tanta era la preocupación, ¿por qué no lo hicieron a inicios del Gobierno y no esperar que este tema se politice?", preguntó.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.
La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y comprende las denuncias de 2.074 personas, aunque existen más afectadas que piden ser incluidas en el caso.
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