El Lote 192 paralizado hace una semana por nativos que exigen consulta previa

La extracción de crudo en el Lote 192, el mayor yacimiento petrolífero de Perú, continúa paralizada desde hace una semana por la protesta de las comunidades indígenas de la región Loreto, cuyos miembros han tomado las instalaciones petroleras que opera la empresa canadiense Frontera Energy.

Los nativos reclaman al Gobierno una consulta previa sobre el nuevo contrato de explotación del yacimiento, que asumirán Petroperú y la empresa canadiense Frontera durante los próximos treinta años.

Quieren hablar con Aráoz. En la protesta participan dieciséis comunidades nativas adscritas a la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del río Corrientes (Feconaco) y a la Federación Indígena Quechua del río Pastaza (Fediquep). Los comuneros de Nuevo Andoas de la Fediquep tienen tomado el aeródromo del Lote 192 desde la noche del último viernes.

El corresponsal de RPP Noticias en Loreto, Jorge Carrillo, informó que los dirigentes de las comunidades tienen previsto reunirse mañana miércoles con representantes del Gobierno en Iquitos. Esta sería una reunión preliminar, pues los nativos exigen la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín.

La posición oficial. Ángela Acevedo, directora general de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, dijo a RPP que el Estado reconoce el derecho a la consulta previa, pero que en este caso aún no se puede aplicar porque hay un contrato vigente hasta el 2019 con Frontera Energy. Explicó que si bien el contrato original vencía en agosto de 2016, se extendió hasta el 2019 debido a paralizaciones ajenas a la empresa por problemas con el oleoducto.

Además, indicó que aún no existe una propuesta final para el nuevo contrato que regirá los próximos 30 años. "Cuando haya, el Estado tiene que ver si hay nuevas afectaciones a los derechos colectivos (de las comunidades) y si es así debería haber consulta (previa)", dijo.

Acevedo, dijo que existen acuerdos con las comunidades desde gobiernos anteriores para atender problemas de remediación ambiental, salud y educación. Aseguró que el actual gobierno está revisando "el grado de cumplimiento" de estos acuerdos y ha asumido "de realizarlos lo más pronto posible".