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por Mongabay
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Desde que en marzo de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID 19 en casi todos los países de Latinoamérica, las autoridades decretaron el cese de las actividades turísticas y científicas en las las áreas protegidas, en general en casi todo el planeta. Pero no todo se detuvo.
Muchos guardaparques permanecieron en sus puestos para salvaguardar la integridad de estos grandes espacios dedicados a la conservación. Para cumplir su misión tuvieron que cambiar sus rutinas, adaptarse a recortes presupuestales, reducción de personal en el campo y, en algunos casos, despidos, como ocurrió en Ecuador.
Mientras tanto la ilegalidad dejaba en claro que no había cuarentena capaz de detenerla. Los guardaparques han tenido que lidiar con la caza prohibida de especies silvestres o la tala ilegal de madera, acciones que nunca cesaron pese a los decretos de inmovilización que acompañaron a la emergencia sanitaria. Tampoco hubo freno para los incendios forestales que, “en la mayoría de los casos no son naturales”, como explica el científico colombiano Pablo Negret, investigador de la Universidad de Queensland en Australia.
“Un tercio de las áreas naturales protegidas a nivel global tienen altas presiones humanas dentro”, recuerda Negret al mencionar un artículo científico, publicado en el 2018 junto con otros científicos, que daba cuenta de las amenazas a las que están expuestas las áreas más biodiversas del planeta. Negret agrega que “ahora, con la pandemia y con la disminución del turismo y el desempleo, las presiones, seguramente, han aumentado mucho. Lo que genera pérdida de biodiversidad en general y de servicios ecosistémicos”.
Apenas iniciada la emergencia sanitaria en los países de América Latina, Mongabay Latam publicó un reportaje con un panorama regional de lo que estaba ocurriendo en las áreas protegidas tras los primeros días de la inmovilización. Con base en informes mundiales y regionales sobre áreas protegidas, conversaciones con científicos y cinco entrevistas a guardaparques de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, analizamos qué pasa con estas zonas llenas de biodiversidad, siete meses después de una cuarentena que paralizó a casi todo el planeta.
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La lucha contra los cazadores ilegales
De acuerdo con el estudio Un tercio de la tierra protegida mundial se encuentra bajo intensa presión humana, por lo menos seis millones de kilómetros cuadrados, el 32.8 % de la tierra protegida en el planeta está fuertemente intervenida por el hombre.
Otro dato de esta investigación señala que cerca del 70 % de las naciones en el mundo tienen más de la mitad de sus áreas protegidas bajo intensa presión. Y en Sudamérica los países que enfrentan las mayores amenazas son Uruguay, Argentina y Colombia. En este último país, según cálculos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, unas 500 000 hectáreas están siendo afectadas por actividades humanas: los parques nacionales Sierra de La Macarena, Tinigua y Picachos figuran entre los que soportan mayor presión.
Durante la emergencia sanitaria, la cacería ilegal fue una de las actividades que más enfrentaron los guardaparques en Sudamérica. Desde Ecuador, Vilma Lucero, una de las pocas mujeres guardaparques de este país, cuenta que los ingresos irregulares a la Reserva de producción de Fauna Cuyabeno –donde trabaja desde hace 20 años– han sido frecuentes. “Disparaban casi al lado de uno”, recuerda ahora.
Mientras que en la Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D’Achille, en Perú, la matanza de por lo menos 200 vicuñas alertaba a científicos y autoridades. Un hecho abordado por Mongabay Latam en un reportaje publicado en junio de este año, donde se señala el aumento de la caza furtiva de esta especie desde el inicio de la cuarentena.
“Hay una red criminal que no se detuvo con la pandemia, como se hubiera esperado. Esos males se han mantenido y posiblemente se han hecho más visibles”, dice Jorge Luis Martínez, especialista en Gestión para la conservación de Wildlife Conservation Society (WCS) en Perú.
En Colombia, Juan Carlos Clavijo, del Parque Nacional Natural Chingaza, señala que durante el tiempo que el parque permaneció cerrado aumentó la presión de los cazadores ilegales. Asegura que los guardaparques que se quedaron custodiando la zona reservada tuvieron que redoblar esfuerzos para fortalecer la vigilancia y el control.
“La mayoría de las áreas naturales protegidas de Latinoamérica tienen mucha presión de caza, de pesca y de tala ilegal. El aislamiento y el hecho que de pronto se vio disminuida la circulación ha sido el contexto ideal para que actores como cazadores, pescadores y aquellos que hacen tala ilegal se muevan con más facilidad y menos control”, señala el biólogo argentino Matías Mastrangelo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y miembro de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés).
Mastrangelo se refiere principalmente a lo que sucede en el Gran Chaco, un ecosistema compartido por Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. En el lado argentino, además, se han talado enormes áreas de bosque para dedicarlas principalmente a la producción de soya. “No es alimento que se consuma localmente. Es un commodity. Se destina para alimentar cerdos y pollos”. El especialista asegura que la expansión agrícola promueve los incendios forestales para despejar bosques y retirar la cubierta vegetal.
Incendios y minería ilegal
En Perú, siete áreas protegidas están acorraladas por la minería, según la Estrategia de lucha contra la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas 2017 – 2021. Esta actividad ilegal no se ha detenido durante la pandemia y, por el contrario, hay zonas donde se ha extendido amenazando a poblaciones indígenas, ríos y bosques, como ha sucedido en Pariamanu, en Madre de Dios.
El guardaparque peruano Werner Atoche, representante sudamericano de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF por sus siglas en inglés), asegura que las actividades ilegales han ocurrido con mayor intensidad desde el mes de julio, “cuando empezó la reactivación económica en casi todos los países de la región”.
Los ataques contra la biodiversidad en las áreas protegidas siempre han estado presentes, pero los testimonios recogidos para este reportaje confirman que la pandemia ha agudizado los problemas.
“La falta de posibilidad de ingresos económicos de la gente y la carencia de empleo, al parecer, está haciendo que las personas entren a las áreas protegidas para realizar acciones ilegales”, dice Jorge Luis Martínez de WCS en Perú.
Guardaparques de Bolivia, Colombia y Ecuador confirman que estas actividades ilícitas se han reportado dentro de las zonas que custodian. Y uno de los mayores problemas que han tenido que enfrentar son los incendios forestales provocados por actividades humanas.
Guido Jaimes, guardaparques del Parque Nacional Carrasco, menciona que los incendios forestales en Bolivia —que este año arrasaron con más de dos millones de hectáreas— obligaron a muchos guardaparques a dejar sus puestos para desplazarse a las zonas protegidas más críticas y muchas veces tuvieron que “poner de su bolsillo para muchos de los gastos de movilidad”.
Hasta el 1 de octubre de 2020, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) registró con la ayuda de imágenes satelitales 120 grandes incendios forestales en Bolivia. El 54% de estos incendios ocurrieron en el departamento del Beni; el 38% en los bosques secos de La Chiquitanía y el 25% en áreas naturales protegidas.
De acuerdo con la evaluación de MAAP, las áreas protegidas más afectadas fueron el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 8500 hectáreas quemadas; y el Área Protegida Municipal Reserva de Copaibo, con 40 000 hectáreas arrasadas. La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia confirmó en un reporte que el fuego afectó a diez áreas naturales protegidas solo en Santa Cruz.
Ivan Arnold, presidente de la Fundación Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa) en Bolivia, señala que las organizaciones civiles han apoyado con fondos y logística las labores para apagar los incendios en el país. “Si no fuese por la sociedad civil se nos hubiera quemado todo”. Arnold precisa que si bien el país no enfrentó el despido de guardaparques, estos “carecen de equipamiento y de capacitación constante. Creo que hay compromiso para trabajar y proteger las áreas naturales, pero hay poco apoyo para sus actividades”.
El representante de de la IRF, Werner Atoche, también guardaparque del Parque Nacional Cerros de Amotape, narra una situación muy parecida en Perú. “Hubo muchos incendios y nos han recortado el presupuesto. No se cuenta con uniformes especiales, cada uno cuesta entre 400 y 600 dólares y hay que traerlos del exterior”, explica Atoche, quien recuerda que este año Perú obtuvo uniformes pero gracias a una donación proveniente de Australia.
El personal para proteger las áreas protegidas no es suficiente, precisa el guardaparque boliviano Guido Jaimes. Asegura, por ejemplo, que las invasiones en el Parque Nacional Carrasco aumentaron debido a la falta de personal. “Las personas que ingresan son de las comunidades aledañas que no tienen terrenos. Ingresan sin permiso y se asientan para apropiarse de tierras, cultivar y luego comercializar los productos”.
Contagios, muerte y amenazas
Los guardaparques en Latinoamérica no solo han tenido que enfrentarse a la ilegalidad en un escenario poco favorable. El COVID-19 también los ha alcanzado.
De acuerdo con la Federación Internacional de Guardaparques, hasta el momento han fallecido seis guardaparques por causa del virus. Cuatro de ellos en Perú, uno en Ecuador y uno en Colombia.
En Latinoamérica, el primer deceso ocurrió en Ecuador. El 31 de marzo, Jenny Geddes Gómez, del Parque Nacional Galápagos falleció por causa del coronavirus. En Perú, Cristian Ney Gonzáles Tanchiva, de la Reserva Nacional Pucacuro; Polita Arevalo Flores, de la Reserva Nacional Pacaya Samira; Jaime Vásquez Cavero, del Parque Nacional Cordillera Azul y Angelita Domínguez Carrillo, de la Asociación para la Conservación y Manejo del Área de Conservación Regional Angostura Faical, fallecieron por COVID-19 entre el 30 de abril y el 25 de agosto de 2020. Luis Hernando Rivas Cubeo, del sector Puerto Franco en el Parque Nacional Natural Río Puré, en la Amazonía colombiana, falleció el 10 de agosto.
Héctor Belisario Torres, indígena Kashinahua y guardaparque del Parque Nacional Alto Purús, en la Amazonía peruana, conversó con Mongabay Latam mientras se recuperaba del COVID-19.
Belisario cuenta que hasta julio de 2020 no hubo evidencia de la enfermedad en la provincia de Purús. Sin embargo, a partir de agosto, cuando se reabrió el tránsito en la frontera entre Perú y Brasil, donde está ubicado el parque, se presentaron casos de COVID-19. “En el mes de septiembre empezó el brote con fuerza en las comunidades de Purús”, comenta.
El guardaparques peruano recorrió las 47 comunidades ubicadas dentro de su sector en el Parque Alto Purús con el fin de entregar información sobre la pandemia hasta que cayó enfermo. Estuvo siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos, seis en recuperación y luego en terapia.
Pero no solo el COVID-19 ha sido uno de los enemigos que han tenido que enfrentar este año. Las cifras del IRF indican que 20 guardaparques han muerto en Latinoamérica en lo que va del año. Cinco de ellos fueron asesinados en Colombia, Argentina, Brasil y Perú.
Las amenazas y riesgos que enfrentan los guardaparques son constantes en esta profesión. El informe La vida en la primera línea 2019, elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), da cuenta de esta situación.
De acuerdo con esta encuesta global, entre el 2009 y el 2019 murieron 1038 guardaparques en todo el mundo. De ellos, 115 fallecieron en el continente americano. Sin embargo, el mismo informe precisa que el número puede ser mayor al registrado.
El reporte revela, además, que el 44.2 % de estas muertes se debe a homicidios. “Las cifras de causas de muerte durante el trabajo confirman que los cazadores furtivos armados ilegalmente siguen siendo la mayor amenaza a la seguridad de los guardaparques”, precisa el informe.
El documento también indica que un 20.6% de los fallecimientos se debe a accidentes; el 14% ocurre por ataques de animales; mientras que el 21.1% corresponde a diversas causas.
En Colombia, la deforestación y el riesgo de muerte para quienes defienden el medio ambiente están relacionados. Juan Carlos Clavijo, guardaparque del Parque Nacional Natural Chingaza, cuenta que enfrentó amenazas de grupos armados mientras se desempeñó como jefe de guardaparques en el parque Tinigua. “Estuve 15 años en Tinigua. Es un territorio muy hermoso pero difícil. El parque tiene ciclos en distintas épocas del año en los que se agudizan los conflictos asociados con los cultivos de coca”, cuenta.
El reporte La vida en la primera línea 2019 de WWF coloca este trabajo entre los más peligrosos del mundo. Por lo tanto, exhorta a los gobiernos a adoptar un compromiso moral y “asegurar una cobertura de seguro completa y adecuada para los casos de lesión severa o muerte”.
“En Colombia y en Sudamérica el asesinato de líderes ambientales y guardaparques es de las tasas más altas del mundo. Y ellos representan al Estado. Hace poco los guardaparques tuvieron que salir de muchas áreas naturales protegidas [de Colombia] con presencia de grupos armados”, comenta Negret sobre los peligros que enfrentan los guardaparques.
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La inestabilidad laboral
En la realidad latinoamericana las condiciones laborales de los guardaparques son preocupantes. En muchos casos los regímenes de trabajo son inestables y no cuentan con los seguros que los protejan en medio de los riesgos de su profesión.
Lo sucedido en Ecuador durante los meses de emergencia sanitaria ha confirmado esa falta de estabilidad laboral. Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques de Ecuador, señala que había 193 contratos vigentes hasta diciembre, pero ya se han despedido a 42 personas.
“Nosotros estamos doblando esfuerzos, pero llega fin de mes y la tensión es terrible porque uno no sabe si le toca o no (…) Y queremos que el gobierno justifique cómo va a proteger la naturaleza si despiden a tantos”, dice Granda.
Tras un despido masivo el 30 de septiembre de 2020, el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) indicó que la salida de 398 funcionarios de la entidad se debía a la política de austeridad del Gobierno Nacional. No obstante, el 1 de octubre, el entonces viceministro del Ambiente, Steven Petersen Rojas, renunció a su cargo debido a esta ola de despidos. “Este tipo de decisiones afecta gravemente a la gestión ambiental en el país», señaló Petersen en su carta de dimisión.
Para Matías Mastrangelo, de Conicet, la cantidad de guardaparques que hay en cada país no se corresponde con la extensión del territorio que deben proteger. “Eso hace que tengan más trabajo del que deberían tener. Quizá haya uno o dos guardaparques para controlar 600 mil hectáreas y muchas veces no tienen el equipamiento y las condiciones de trabajo necesarias”.
El experto de IPBES señala que, muchas veces, cuando ingresan al cuerpo de guardaparques lo hacen en condiciones muy precarias, con contratos laborales provisionales. “Hay mucha precariedad comparada con la gran responsabilidad que tienen, viviendo en situaciones adversas con su familia y expuestos a muchos riesgos”.
En los cinco países que presentamos en este especial hay alrededor de 3500 guardaparques que custodian 324 áreas naturales protegidas estatales, territorios que suman casi 100 millones de hectáreas. Estos datos indicarían que, en promedio, cada uno de estos guardaparques custodia cerca de 29 000 hectáreas —equivalentes a 58 000 canchas de fútbol—.
Los guardaparques en Bolivia son los que tienen una mayor cantidad de hectáreas a su cargo. Si se divide la extensión de territorio protegido en partes iguales, a cada uno le corresponde vigilar 57 611 hectáreas. En Chile alrededor de 49 000. En Ecuador y Colombia cada guardián de áreas protegidas vigila cerca de 20 000 hectáreas; mientras que en Perú un poco más de 25 000.
“Los guardaparques de Bolivia, Perú y creo que también en Colombia y Ecuador están todos mal, son tratados como obreros eventuales o como funcionarios contratados de bajo escalón. Muy mal remunerados. Tienen formación en base a cursos cortos y entrenamientos eventuales”, dice el investigador y doctor en ciencias Marc Dourojeanni, una de las voces más reconocidas sobre áreas protegidas en la región.
Dourojeanni ha presentado propuestas para reconocer la labor del guardaparque de forma adecuada en Perú. Por eso considera que se debe profesionalizar a los guardaparques y otorgarles el nivel de técnicos, además de crear un régimen especial como funcionarios públicos. Otra deuda pendiente, indica, son las escuelas o centros de formación de guardaparques.
Miguel Díaz, gerente de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, en Chile, señala que los guardaparques cuentan con un contrato permanente respaldado en el Código del Trabajo de ese país. Sin embargo, durante el verano se contratan jornales transitorios con contrato temporal, entre diciembre a marzo para atender a los turistas.
Diaz considera que el salario de los guardaparques es bajo y menciona que la base salarial es de 400 000 pesos chilenos (526 dólares americanos), mientras que el sueldo más alto alcanza los 800 000 pesos chilenos (1053 dólares americanos). “[Los guardaparques] con 30 años y un sueldo de unos 800 000 pesos son pocos. Hacen diferentes turnos de trabajo. En cada área protegida tenemos entre 2 y 3 guardaparques cada semana para miles de visitantes y hectáreas a proteger”, dice.
En Colombia existen dos modalidades de contratos laborales: contratistas y funcionarios de planta, según indicó Parques Naturales Nacionales de Colombia. El primero es de índole temporal, mientras que el segundo es permanente.
Mongabay Latam consultó con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) sobre la situación laboral de los guardaparques en Perú, pero no recibió respuesta. En tanto, desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de Bolivia indicaron que debido al cambio de gestión no se iban a manifestar sobre el tema.
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El renacer de las áreas protegidas
Así como muchas actividades ilegales no pararon durante los cierres de las áreas protegidas en la pandemia, en algunos casos la naturaleza pudo descansar de varias presiones. Esa tendencia se vio en una zona reservada de Chile.
“La perturbación humana tiene efectos negativos en las áreas naturales protegidas, y ahora, como no había personas, ocurrieron fenómenos muy interesantes”, dice Gonzalo Cisternas, guardaparque del Parque Nacional Torres del Paine sobre los cambios que ha visto en el área protegida durante el cierre por la emergencia sanitaria. “En los casos de los guanacos o el puma es interesante que han recuperado el territorio que antes les era excluido por fragmentación de su hábitat”.
Cisternas considera que es importante monitorear y estudiar la biodiversidad del parque en estos momentos porque no se tendrá otro escenario como este. “Como hay menos contaminación y menos ruido, [los animales] han podido transitar por sus corredores biológicos”, debido a la ausencia de muchas presiones en el parque nacional.
El científico Matías Mastrangelo explica que estos experimentos naturales permiten analizar esos lugares para compararlos con otros. En este caso –precisa el científico– si se mira en el tiempo, se debe analizar qué pasó en estos siete meses de cuarentena. “Que estos disturbios ocasionados por los visitantes no se hayan producido, es un evento para aprovechar con las especies, con la naturaleza, para ver cómo responden a ese respiro, a esa retracción de la presencia humana».
A Guido Jaimes, de Bolivia, le llamó la atención que durante el cierre del parque por la pandemia los guácharos (Steatornis caripensis), un ave nocturna que viven en cuevas y se alimenta de frutas, no haya migrado este año como suelen hacerlo cada invierno. “Cuando llega el primer frío de invierno ellos comienzan a migrar y vuelven a finales de agosto. Este año no lo hicieron, es la primera vez que pasa en los 20 años que llevo acá”.
Eliabett Ayrampo, del Parque Nacional Alto Purús, en Perú, tuvo un encuentro inesperado con un sajino (Pecari tajacu), cuando ingresó con bote hasta el parque para instalar cámaras trampa. “Nos sorprendió porque no habíamos tenido la oportunidad de ver uno tan cerca y tan bien conservado. Pienso que la fauna está tranquila porque en esa misma ocasión vimos bastantes aves”, cuenta.
En estos meses de cierre del Parque Nacional Natural Chingaza, Juan Carlos Clavijo volvió a ver una rana, Antelopus lozanoi, que se creía extinta desde hace 18 años. “Notamos que por la pandemia tuvimos un mayor avistamiento de fauna silvestre en sitios donde comúnmente no la veíamos”.
Y desde Ecuador, Vilma Lucero nos deja un mensaje: “Quisiera que los gobiernos de ahora y los que vengan pensaran en la vida, pero piensan que el oro es la vida. Siempre me he preguntado que si se acaba todo, qué vamos a comer y tomar. No podemos comer y beber el oro. Pero si protegemos lo que está quedando, sí tendremos esperanza”.
El artículo original fue publicado por Alexandra de Amesti y Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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