Jaguares: el reloj juega en contra para el gran felino de América

Dos cachorros de jaguar (Panthera onca) fueron encontrados en una casa en Chanchamayo, en la selva central del Perú, a fines de noviembre del año pasado. Eran tan pequeños que aún llevaban restos del cordón umbilical que los unió a su madre, de quien hasta ahora no se conoce su paradero. Aunque se abrió un proceso judicial al presunto responsable y se trajeron a las crías a un zoológico especializado, los cachorros murieron a las pocas semanas.  La separación del bosque y de la madre puede costarles muchas veces la vida.

Estas dos crías, incautadas en el 2019, forman parte los 86 decomisos asociados al felino y realizados por autoridades peruanas entre 2015 y 2020. A la lista de hallazgos hay que sumar colmillos, pieles, cráneos y otras partes del felino, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Pero si se busca información más allá de estas intervenciones, se puede aterrizar también en estudios como el realizado por científicos de la Wildlife Conservation Society (WCS) y el mismo Serfor que señalan que solo las 9 piezas incautadas en el 2019 representan menos del 10% de lo que en cuatro meses se puede encontrar en algunos mercados ilegales del país.

Es decir, solo estamos frente a la punta del iceberg en un país como Perú que alberga la segunda población de jaguares más grande de América del Sur, según estimaciones realizadas en 2018 por científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la organización Panthera.

Esta alta concentración de jaguares es una característica de América del Sur: el estudio calcula una población que supera los 163 mil ejemplares.

¿Cuál es la situación de los jaguares en esta parte del continente? Mongabay Latam inicia con esta radiografía regional, que incluye los testimonios de más de 10 científicos, una serie de entregas que abordarán a lo largo del año las amenazas y estrategias para conservar a esta especie en seis países de la región: Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. El reloj corre en contra para la protección del gran felino de América.

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Un animal emblemático en la mira

Un estudio de cuatro meses realizado por WCS y Serfor en Perú reveló que la venta ilegal de partes de jaguar, pese a ser un delito penal, es más común de lo que se cree. En un recorrido por 21 puntos de Iquitos, capital de Loreto, se detectaron 96 partes a la venta en malecones, mercados, centros de artesanía y hasta hoteles. Se hallaron colmillos y garras del felino incrustados en collares o pulseras. Las pieles estaban expuestas en plena vía pública como si se tratara de un cuadro o una alfombra.

La investigación incluyó dos ciudades más de la Amazonía, Pucallpa (Ucayali) y Puerto Maldonado (Madre de Dios), así como a la capital del departamento altoandino de Puno. En total se detectó que 102 partes de jaguar eran ofertadas públicamente: un 45% eran pieles, un 37% colmillos, un 14% garras y el 4% restante entre grasa y cráneos. Además, el 75% de estas partes eran artesanías. El precio de los colmillos, dependiendo del comprador, podían venderse entre 30 y 1000 soles (US$9 y US$ 303).

“Hemos normalizado el tráfico de animales, en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de escenas”, comenta Liliana Jáuregui, experta en justicia ambiental de la UICN Países Bajos. Esta entidad ha coordinado investigaciones en Bolivia y Surinam, los países donde se encontraron hace siete años las primeras evidencias de tráfico internacional a Asia.

Pese a la gravedad del problema, hasta hoy no se han actualizado las cifras de decomisos de partes de jaguar en estos países. En Bolivia, el recuento de casos se detuvo a inicios del 2019 por la atención a emergencias ambientales como los incendios forestales de gran magnitud y los problemas políticos del país con el cambio de gobierno, señala Ángela Núñez, bióloga especialista en jaguares e investigadora en tema tráfico en el Proyecto Operación Jaguar en Bolivia. “Desde el 2014 tenemos cerca de 700 colmillos decomisados, incluido una incautación que se realizó en China y que tenía como origen a Bolivia”, comenta la experta, quien deja entrever la necesidad de seguir fiscalizando este delito ambiental. Según el Ministerio del Ambiente y Agua en Bolivia, en este tiempo se han iniciado más de 20 acciones penales por comercio ilegal de estos colmillos y cinco ya recibieron sentencia.

La investigación que condujo UICN Países Bajos descubrió también que en Bolivia la demanda para el tráfico de jaguares empezó en el 2013 y a través de estaciones de radio y de afiches distribuidos en las áreas rurales. Entre el 2014 y el 2016, el problema alcanzó al servicio postal, cuando se encontró 300 partes de jaguar en 16 paquetes, 14 de ellos enviados por ciudadanos chinos que trabajaban en Bolivia.

Los hechos que vinculan al tráfico de partes de jaguar con Asia, especialmente con China, son sensibles, considerando que los países más afectados, como Bolivia y Surinam, han buscado resolver de forma diplomática el problema estableciendo alianzas con la comunidad china dentro de sus territorios.

Si en algo coinciden los científicos de los seis países mencionados es en el vínculo entre el tráfico de jaguares y la presencia de empresas de infraestructura chinas en zonas de alta biodiversidad, como la Amazonía. Un nuevo estudio científico, publicado a inicios de junio en la revista Society for Conservation Biology, analizó las relaciones entre el tráfico de felinos salvajes y las inversiones chinas que existe en Sudamérica y América Central.

Entre los principales hallazgos se encontró que el tráfico ha ido en aumento y que los ciudadanos chinos involucrados en las actividades ilegales no pertenecen a las comunidades asiáticas asentadas ya en estos países, sino más bien serían trabajadores chinos que llegan a la Amazonía para la construcción de megaproyectos como nuevas presas y carreteras. “Las empresas chinas han invertido bastante en países en desarrollo, primero en África y luego en América del Sur. Aunque no se busca estigmatizar, se debe estar atento a esas conexiones”, comenta el geógrafo guyanés Anthony Cummings, quien también investiga sobre tráfico de partes de jaguar en su país.

En Surinam, por ejemplo, UICN ha encontrado evidencias de tráfico desde el 2003, cuando un ex empleado del servicio forestal de ese país fue contactado por el dueño de un supermercado chino en Paramaribo, quien buscaba colmillos y garras de jaguar.  Esteban Payán, director para América del Sur del Programa Jaguar de la organización Panthera, comenta que luego de la disminución significativa del tigre asiático,  la demanda medicinal en Asia parece haberse complementado con partes de otros felinos. Se sospecha que ésta puede ser una de las razones por las que el tráfico de partes de jaguar está creciendo en los países latinoamericanos.

En el Parque Nacional Brownsberg de Surinam se ha observado minería y tala ilegal a gran escala.  Se calcula que unas 40 mil personas viven dentro de estos campamentos mineros y alrededor de ellos, y que solo 18 mil personas están formalmente registradas. Lo que se investiga son los vínculos de esta población con el tráfico de vida silvestre. Liliana Jáuregui de UICN comenta que es una hipótesis importante.  “Creemos que hay lazos con la tala ilegal y su comercio o con las rutas del oro. Las rutas de tráfico son transfronterizas y aprovechan su porosidad”, comenta la experta, en referencia a cómo las mafias utilizan las mismas rutas para traficar oro, madera o fauna.

Aunque el tráfico de partes de jaguar es una amenaza latente, hay otros peligros que no se deben perder de vista. Desde Guyana, Anthony Cummings menciona dos conflictos: el que tiene el jaguar con los ganaderos o agricultores y el que enfrenta con los mineros de oro de la selva guyanesa. Ambos grupos asesinan al felino como represalia por atacar a su ganado, cultivos o mascotas.

En Venezuela, María Fernanda Puerto —fundadora del proyecto Sebraba que investiga al felino— comenta que no existe una cifra oficial de decomisos y que hay un peligro constante por el uso de partes de jaguar en la santería, una religión popular en algunas zonas de ese país que ha captado incluso feligreses con poder político. “Tenemos reportes de un consumo local de estos animales y el riesgo de denunciar que se ha decomisado algún jaguar o un ocelote. Cuando se hace, a las pocas horas desaparece [la denuncia]”, dice la bióloga.

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En la investigación que ha realizado sobre las amenazas que enfrenta el jaguar, la bióloga venezolana ha encontrado en una cárcel del sur del lago de Maracaibo a un preso que tenía una piel del felino colgada en su celda, como una muestra de poder. “Está exhibida ahí, pese a que es un delito”, señala.

En otros países como Ecuador, donde no se han hallado grandes evidencias de tráfico de partes de jaguar, las alertas continúan encendidas por la fuerte presión de deforestación y pérdida de hábitat de este mamífero. Galo Zapata Ríos, director científico de WCS en Ecuador, comenta que en la Amazonía de su país ha habido una pérdida de hábitat del 30%. “En la zona del Chocó, esta ha alcanzado el 90% de deforestación ahora por el avance de la ganadería y la agricultura, como el cultivo de la palma africana”, agrega el especialista. Este es un corredor importante del jaguar entre Ecuador y Colombia. El crecimiento de monocultivos cerca de áreas naturales protegidas se repite también en el Perú y en Bolivia, un hecho preocupante cuando se toma en consideración el papel crucial de estos espacios en la conservación del felino.

Más protección para los jaguares

Para proteger a una especie, hay que conocerla. Esta premisa puede aplicarse a los seis países antes mencionados y en los que empezaron a desarrollarse investigaciones a partir de 2013, cuando aparecieron las primeras evidencias de un crecimiento preocupante del tráfico de partes de jaguar en Bolivia.

Aunque la categoría que ocupa en la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) no refleja la preocupación de la comunidad científica, también es cierto que la falta de información es fundamental para establecer si debe ser considerada una especie Casi Amenazada o subir al nivel de Vulnerable. Como señala Vania Tejeda, oficial de biodiversidad para la WWF de Perú, sin investigaciones que demuestren este peligro, no se puede alertar de él. “Es difícil empujar políticas cuando no hay información científica de respaldo”, comenta.

Los hallazgos de los últimos años, como la reducción de un 60% de su hábitat original en todo el continente, dejan entrever que la amenaza no es menor. Algunos países de América del Sur, conscientes de esta problemática, han empezado a generar información que ayude a categorizar a estas especies dentro de su territorio. En los libros rojos de la fauna silvestre de Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, la población de jaguar que habita la Amazonía es considerada Vulnerable, mientras que la que está presente en la costa ecuatoriana está en Peligro Crítico. En Perú, si bien esta especie figura como Casi Amenazada, un grupo de científicos liderados por José Luis Mena, director de la Iniciativa de Especies de WCS en el Perú, busca reunir los estudios realizados en los últimos años para elevar su nivel de protección.

Para científicos como los mexicanos Antonio de la Torre y Rodrigo Medellín, de la Alianza Latinoamericana para la Conservación del Jaguar, ya existe evidencia suficiente para recategorizar a nivel continental la situación del jaguar. “Pese a los gritos de auxilio de los países latinoamericanos no se ha logrado [variar su nivel de protección]. Incluso ya se ha categorizado en riesgo de extinción al leopardo, a pesar que tiene un área de ocupación más grande que la del jaguar”.

De la Torre añade que solo elevando el nivel de protección del jaguar a Vulnerable será posible contar con mayores recursos para su conservación y a su vez llamar la atención pública y política sobre su cuidado. “El llamado de atención de un organismo internacional —precisa— puede ser más escuchado que el de los biólogos y conservacionistas locales”.

Pero hay un paso más que debe darse a la par de la categorización y para el que también se necesitan más estudios: la protección de su hogar.

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Territorios seguros

Jose Luis Mena explica que en Perú se ha identificado, en los últimos años, cinco Unidades de Conservación del Jaguar (UCJ), espacios que deberían ser protegidos pero que no han logrado salir del papel para ser reconocidos por el Estado.

“Nos toca identificar cuáles son las áreas prioritarias para esta conservación como [ocurre] en áreas protegidas…También falta el análisis de qué espacios deberían complementar estos corredores”, agrega Mena.

Los científicos peruanos han empezado a recopilar información en la selva norte (Loreto) y la selva sur (Madre de Dios), sin embargo aún falta cubrir la selva central y la región de Ucayali, indica Mena. Precisamente en estos dos últimos lugares se han detectado casos de tráfico de partes de jaguar, de hecho seis de las once partes de jaguar decomisadas entre el 2019 y el 2020 salieron de esas zonas.

Si saltamos a Bolivia, la falta de datos también se hace evidente. ¿Dónde están los jaguares?¿cuántos existen?¿qué espacios deberían protegerse? La lista de preguntas es más larga que la de respuestas. Según la bióloga Ángela Núñez, los estudios se han concentrado sobre todo en dos áreas protegidas: los parques nacionales Madidi y Kaa-Iya del Gran Chaco. “Fuera de las zonas protegidas, donde más peligra el jaguar, no se realizan muchos estudios sobre la especie”, comenta la científica.

Incluso advierte que en espacios conservados como la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, donde el jaguar se desplaza a sus anchas, no se tiene una idea clara de su abundancia. Y la necesidad de información se vuelve más urgente, cuando se sabe que dentro de parques y reservas las actividades petroleras, auríferas e hidroeléctricas no dejan de ganar terreno. La Operación Jaguar, un proyecto de UICN Países Bajos que se desarrolla en Bolivia, Guyana y Surinam, apunta a la conservación del felino y busca identificar las zonas más vulnerables para enfocar sus esfuerzos en ellas.

Los jaguares enfrentan peligros muy similares en América del sur. Se podrían incluso alternar los nombres de los países y muy pocos notarían probablemente las diferencias. Ecuador también tiene que lidiar con la falta de información y ha empezado por actualizar el plan nacional sobre el jaguar para ubicar las investigaciones que existen y determinar quiénes estarán involucrados en los nuevos estudios.

Jessica Pacheco, oficial del Programa de Bosques y Agua Dulce en WWF Ecuador, explica que existe información sobre la población de jaguares que vive dentro de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno pero no, por ejemplo, de la que se desplaza por el territorio indígena achuar, en la frontera con Perú. A Pacheco le llama sobre todo la atención esta última, un espacio que considera interesante para estudiar pues “no es un área protegida nacional” pero ha “mantenido altos niveles de conservación”.

A esta lista de zonas por explorar, Galo Zapata de WCS suma a las estribaciones andinas y a los corredores que las conectan con la Amazonía ecuatoriana. “Conocemos muy poco sobre lo que sucede en ellas y existen registros del jaguar por encima de los 2000 metros”, dice el científico. WCS comenzará un proyecto en estos lugares en el 2021. Zapata añade que tampoco hay que olvidar a los corredores transfronterizos como las que unen a Yasuni y Cuyabeno con el Parque Nacional Natural La Paya en Colombia o con el Parque Nacional Güeppi en Perú. “Definitivamente —agrega— la conservación del jaguar tiene que tener un enfoque transfronterizo”.

En Venezuela, para reafirmar la importancia de la conexión entre poblaciones de jaguar, la científica María Fernanda Puerto trabaja en identificar con la ayuda de imágenes satélitales algunas rutas que puedan unir al parque Sierra de Perijá con el de Ciénagas de Juan Manuel.  Esteban Payán de Panthera comenta a su vez para completar el rompecabezas sería ideal revivir la propuesta de un parque  que uniría a Colombia con Venezuela, justo en el sector de la sierra del Perijá, donde se conoce transitan jaguares.

El entusiasmo de Puerto, sin embargo, choca cuando tiene que lidiar con la situación política de Venezuela. “Se debería proteger el corredor que existe hasta Colombia, pero ya ha habido un rechazo de esta propuesta en el Ministerio de Ambiente de Venezuela”, comenta la investigadora, y resalta que tampoco existe un plan nacional para la conservación del jaguar en su país.

Desde hace doce años, la bióloga María Fernanda Puerto concentra su trabajo en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel, al sur del lago de Maracaibo, en Zulia, donde calcula existen hasta 3.37 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Un número importante considerando que se estima que en Venezuela hay 1.97 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados —alrededor de 11 500 ejemplares solo en el país llanero—, según un estudio realizado por Wlodzimierz Jedrzejewski y otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Panthera.

Si se busca más información o investigaciones sobre jaguares en Venezuela podría incluirse a la región de Los Llanos y el estado de Amazonas. Y paremos de contar. El reto de explorar nuevas áreas habitadas por el felino aún está vigente.

En Guyana y Surinam, por otro lado, las investigaciones se han centrado principalmente en las amenazas que sufren las poblaciones de jaguar. De acuerdo con las estimaciones del estudio de Jedrzejewski, en ambos países hay cerca de 11.500 jaguares, sin embargo, aún no se han realizado estudios suficientes para precisar los resultados de estas mediciones.

En Surinam, un equipo de Panthera y Conservación Internacional han apoyado al gobierno para diseñar la estrategia de monitoreo nacional que permita tener mejor información sobre este animal. Desde octubre del año pasado se han instalado cámaras trampa en las regiones de Laarwijk, Peperpot y Tamanredjo, conocidas como hábitats de jaguares.

En Guyana, el biólogo y geógrafo Anthony Cummings estudia desde el 2014 al jaguar en el que es su país natal. Cuenta que hoy el gobierno guyanés está interesado, desde la Comisión de Manejo y Conservación de Vida Silvestre, en empezar a sistematizar los datos que generen investigaciones como las de Cummings. El científico empezó a reunir información desde hace unos meses, a través de cámaras trampa y drones, sobre la situación de los jaguares en cuatro comunidades indígenas. La cuarentena, sin embargo, ha detenido el estudio que espera retomar antes de fin de año.

Una versión ampliada del reportaje de Vanessa Romo fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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