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por Mongabay
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Hace cinco días Ronald Suárez perdió a su madre a consecuencia del COVID-19. “Siento un dolor profundo en mi alma por la muerte de mi mamá”, dice el presidente del Consejo Shipibo Konibo y Xetebo (Coshikox), quien apenas se está recuperando de la misma enfermedad en su casa de Pucallpa, Ucayali, la segunda región amazónica en Perú más afectada por el coronavirus.
“Al principio pensaba que era dengue. Estaba confundido. Tenía fiebre, dolor en el pecho, en la espalda, y también perdí el olfato. Tenía todos los síntomas. Estuve en cama 17 días hasta que vinieron los médicos para hacerme la prueba de descarte. Salió positiva”, cuenta el líder indígena. Su madre pasó por lo mismo.
Esta es la realidad que enfrentan decenas de personas en las comunidades nativas shipibo konibo establecidas en el río Ucayali . Suárez recibe todos los días llamadas de los jefes de las comunidades clamando por ayuda. “Se están tratando en sus casas con plantas medicinales porque los puestos de salud están cerrados, sin medicamentos, sin personal de salud, sin máscaras, sin bioseguridad, sin nada”.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Perú, la región amazónica de Ucayali registra 2478 personas afectadas por el coronavirus.
Desconfianza en el sistema de salud
De acuerdo con la información que ha recibido Suárez en lo que va de la pandemia, 58 personas del pueblo shipibo konibo han fallecido. Estos datos corresponden a los reportes de los líderes de las comunidades que se mantienen en comunicación vía telefónica.
El registro incluye a quienes viven en las comunidades nativas y a los shipibo konibo que viven en la ciudad de Pucallpa. Todos ellos no figuran en los registros oficiales de personas afectadas por el coronavirus porque temen ir al hospital. “Así fue con mi mamá, nunca le hicieran prueba del COVID-19, pero murió con todos los síntomas, agitándose mucho”.
Son 166 comunidades ubicadas a lo largo de río Ucayali —dice Suárez— que llaman indicando que en su comunidad hay 30, 40 o 50 personas que presentan los síntomas. “Hoy me llamaron de Santa Teresita y dijeron que 32 personas tenían los síntomas de COVID-19, en San Salvador son 42, en San Francisco 50. No solo llaman porque están enfermos, sino porque no tienen alimentos”, dice el líder indígena.
Suárez cuenta que en Puerto Bethel —donde se registraron los dos primeros contagios en comunidades de la región— sus habitantes tuvieron que caminar dos horas para encontrar un lugar con señal de celular. Hay muchas comunidades que no cuentan con servicio telefónico.
Desde el año 1999 la empresa Gilat ofrecía el servicio de telefonía rural a 5699 localidades, pero en noviembre de 2019 terminó su contrato con el Estado. Actualmente, en 4500 de estas comunidades existe algún tipo de servicio telefónico de las empresas privadas, pero más de 1100 lugares no cuentan con ninguna forma de comunicación telefónica.
El médico e investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, Isaac Alva, señala que desde que se inició la pandemia el sector salud no ha reportado la variable étnica.
Alva, quien estuvo trabajando en la red de salud de Centroamérica en Yarinacocha, Pucallpa, explica que el primer caso registrado de una persona del pueblo shipibo konibo que dio positivo a la prueba fue un policía el 15 de abril.
En la misma época, cuenta Alva, se presentaron los dos casos de Puerto Bethel, comunidad a la que llegó personal del sector salud para testear a 21 personas de las que la mitad también resultó positiva.
Alva menciona que en la red de salud de Coronel Portillo se hizo un esfuerzo por registrar la variable étnica, una práctica que solo permaneció hasta fines de abril. Mientras que en la red de Centroamérica donde él ha trabajado se mantienen esos registros. Sin embargo, el resto de la región no ha contado los casos de manera diferenciada por lo que se desconoce cuántas personas de los pueblos indígenas han dado positivo al COVID-19.
“La Dirección Regional de Salud no tiene registros de los fallecidos en las comunidades indígenas e indica que hasta el momento hay un poco más de 40 casos positivos, pero debe haber cientos, porque hay muchos que presentan fiebre. Los líderes indígenas me llamaban de las comunidades pidiendo ayuda”, cuenta Alva, quien estuvo en Yarinacocha hasta inicios de mayo.
El médico señala que en la red de salud de Centroamérica se está llevando un registro diferenciado por etnia, pero que se trata de la única experiencia en la región. Sin embargo, más allá de las pruebas de descarte, Alva precisa que es urgente atender el problema en las comunidades, identificar cuanto antes los casos sospechosos y frenar los contagios. “Está fallando la respuesta desde el Estado. Si en una comunidad se presentan casos de fiebre y solo se puede hacer una prueba que sale positiva, se debe tratar a todos como COVID-19. No se necesita realizar pruebas rápidas para todos”.
Otro aspecto a considerar para el médico de la Universidad Cayetano Heredia es la poca asistencia de la población indígena a los centros de Salud. La situación que enfrentan los hospitales de Pucallpa y de toda la región, donde prácticamente no hay oxígeno para atender a los pacientes, ha agudizado la desconfianza de los habitantes de las comunidades indígenas.
El fallecimiento del alcalde Silvio Valles en el hospital de Yarinacocha —por falta de oxígeno— es un ejemplo de lo que está sucediendo en esa región.
“Si antes iban poco, ahora prácticamente no van. La idea de que en el hospital solo entran para morir se ha multiplicado por cien. Aun cuando se consiga una cama para hospitalizarlos, los indígenas rechazan su internamiento”, cuenta Alva sobre el caso de un shipibo que prefirió quedarse en su casa para superar la enfermedad, pese a que presentaba problemas de respiración.
Varios líderes indígenas en Ucayali resultaron afectados por el COVID-19. A inicios de mayo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana informó que su presidente Lizardo Cauper estaba afectado por el coronavirus al igual que Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Actualmente ambos se recuperan en sus viviendas.
El presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), Miguel Guimaraes también ha presentado síntomas por COVID-19, al igual que la vicepresidenta de esta federación, Damarez Ramírez Mori, quien está siendo atendida en el Hospital de Yarinacocha. Otros integrantes de la directiva de Feconau presentan síntomas de la enfermedad.
Ausencia de información sobre las comunidades nativas
Marco Rojas, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía (Feconadip), reporta por lo menos once personas fallecidas en diez de las comunidades bajo la jurisdicción de la organización indígena. En total son 40 comunidades las que pertenecen a Feconadip.
El último fallecimiento se registró en la comunidad nativa de Antigua Ahuaypa, el jueves 21 de mayo. El líder indígena recibe informes diarios sobre las personas que podrían haberse contagiado, pero solamente de las diez comunidades que cuentan con servicio telefónico, del resto no sabe la situación en la que se encuentran.
“Hemos informado al gobierno regional, al Comando Covid, a la Dirección Regional de Salud (Diresa) para que nos atiendan antes de que fallezcan nuestros hermanos. Los puestos de salud en las comunidades no tienen medicinas, están prácticamente abandonados. ¿Como se van a tratar a nuestros hermanos? ¿Esperamos que mueran para atenderlos?”, reclama el líder indígena, quien se recupera del COVID-19 luego de ser diagnosticado en Pucallpa hasta donde tuvo que viajar para ser atendido.
Rojas dice que cada vez que lo llaman por teléfono para reportar algún fallecimiento o nuevos casos sospechosos le preguntan cuándo llegará el personal de salud para que los atiendan. “Hace más de un mes llegaron dos técnicos de la Diresa al centro de salud de Iparía —capital del distrito— y realizaron varias pruebas rápidas. Tres salieron positivas. Pero no han regresado”, lamenta el jefe de Feconadip.
Las comunidades de Caco Macaya, Uriaca del Caco, Colonia del Caco, Nuevo Nazareth, Vista Alegre, Utucuro, Puerto Belén, Roya, Nuevo Samaria, Nueva Ahuaypa y Antigua Ahuaypa, así como el pueblo de Iparia son los únicos lugares desde donde Rojas recibe información, y en todos ellos, asegura, hay personas que presentan síntomas de COVID-19. Según los reportes que reciben el líder indígena, más de 100 personas estarían afectadas por el coronavirus en estas comunidades.
Desde la comunidad nativa de Caimito, en el distrito de Masisea, cerca de la frontera con Brasil, Juan Carlos Mahua, jefe de la comunidad, indicó a Mongabay Latam que son tres las personas fallecidas con síntomas de COVID-19, pero que los afectados superan los 60. “Hay varias personas postradas y algunas están graves. No tenemos personal en la posta de salud y ni siquiera hay paracetamol”, cuenta el líder indígena
Mahua señala que a pesar de haber cerrado sus territorios, el transporte fluvial nunca se detuvo. Sostiene que desde Pucallpa partían embarcaciones de transporte público y que incluso recorrían las comunidades de manera clandestina. Además que hubo comuneros que viajaron a la ciudad para cobrar sus bonos y beneficios que entrega el gobierno como parte de los programas Pensión 65 y Juntos.
“Todos los días mueren, en sus casas y no están en el registro del Ministerio de Salud”, dice Miguel Guimaraes, presidente de Feconau. Según los reportes recibidos por el líder indígena, más de 500 personas presentan los síntomas de COVID 19 en las 30 comunidades que pertenecen a esta federación.
Feconau informó que en la comunidad nativa San Salvador se tomó la prueba rápida a 39 personas y 21 resultaron positivas. Además, desde Nuevo Egipto se han reportado más de 20 personas con los síntomas y en Puerto Firmeza, donde viven 170 familias, la mitad tiene por lo menos un familiar con síntomas de COVID-19.
Las comunidades shipibo konibo también están en las ciudades, en las llamadas comunidades interculturales, once de ellas establecidas en Pucallpa. Durante la última semana se han tomado pruebas rápidas en dos comunidades interculturales: en Bena Jema de 51 personas analizadas 26 resultaron positivas y en Victoria Gracia ocho personas dieron positivo a la prueba de COVID-19.
“Nos preocupa lo que está sucediendo en Ucayali y las cifras oficiales no indican la cantidad de fallecidos que corresponde a los pueblos indígenas”, señala Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Aedo agrega que “es urgente que el sector salud envíe los grupos de intervención especial para atender a las comunidades. Son equipos con un médico, un epidemiólogo y un técnico de enfermería”.
La funcionaria precisa que la Defensoría del Pueblo ha solicitado la intervención en por lo menos cinco comunidades en Ucayali, tras recibir pedidos directos de estas poblaciones para ser atendidas por sospecha de COVID-19. San Francisco en Coronel Portillo; Santa Rosa en la provincia de Padre Abad; Caco Macaya en Iparía, Caimito en Masisea y Callería son los lugares desde donde han llegado los pedidos de atención.
En San Francisco se realizaron 176 pruebas rápidas y 35 personas resultaron positivas. Desde esta comunidad, el artista plástico Rawa lanzó por sus redes sociales un video en el que mostraba su delicado estado de salud. El mensaje sirvió para que la atención médica llegara a esa comunidad.
En Santa Rosa —cuenta Aedo— se realizaron 35 test y 11 dieron positivo. Mientras tanto está pendiente la visita del personal de salud a Caco Macaya y Caimito.
Para Aedo, la entrega de alimentos por parte de los alcaldes en varios distritos ha sido uno de los factores de contagio, así como el tránsito de las embarcaciones por vía fluvial pese a la orden de inmovilización que existía en el país. “La Defensoría del Pueblo advirtió al gobierno regional de Ucayali y a la Marina de Guerra del Perú sobre estos riesgos y solicitó que se controle puertos fluviales desde el inicio de la pandemia”.
Aedo también cuestiona la lentitud del Ministerio de Cultura en la elaboración de disposiciones precisas para atender a los pueblos indígenas. “Hemos exhortado al Ministerio de Cultura para que las medidas que se tomen vayan al ritmo de la emergencia. Uno de los grandes errores del Estado ha sido que a las normas iniciales les faltó el enfoque intercultural”.
La representante de la Defensoría del Pueblo reconoció, sin embargo, que el Plan de intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados rurales de la Amazonía peruana frente a la emergencia del COVID-19, publicado el 21 de mayo, es un avance para la atención de las comunidades nativas.
Según este plan, se destinarán 88 millones de soles para la aplicación de las acciones que se requieran en las zonas rurales, entre las que se incluyen evitar el contagio de las poblaciones indígenas, establecer un sistema veloz de reporte y circulación de la información entre las comunidades y las autoridades, minimizar la transmisión dentro de las familias y proteger a las personas vulnerables y de mayor riesgo, entre otras medidas.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Cultura informó que en coordinación con el Ministerio de Salud visitó once comunidades nativas y tres localidades indígenas en la región Ucayali para realizar pruebas rápidas de COVID-19 y atender a las personas afectadas con el mal.
Dos meses después de iniciada la emergencia no existen cifras oficiales sobre las personas fallecidas que pertenecen a los pueblos indígenas y tampoco hay un registro de cuantas podrían estar afectadas por el mal. Las comunidades reclaman atención urgente pues enfrentan el mal con centros de salud desabastecidos, mientras el coronavirus sigue abriéndose paso en la Amazonía.
El artículo original de Yvette Sierra Praeli fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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