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por Mongabay
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El proyecto de ley que declara la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) espera su aprobación en el Pleno del Congreso.
Esta propuesta, que modifica la ley actual para pueblos en aislamiento y contacto inicial cuenta con un dictamen aprobado, por unanimidad, en la sesión del 26 de mayo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República de Perú. Sin embargo, hasta el momento no ha sido puesta en agenda del Pleno.
“Se tiene que corregir el error cometido en la ley aprobada en el año 2006”, dice el congresista Lenin Bazán, del Frente Amplio, presidente de dicha comisión, sobre la excepción de la norma vigente que, si bien contempla la intangibilidad de los territorios para PIACI, especifica que “en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley”.
Hasta ahora el dictamen ha logrado vencer una de las primeras barreras, la de la comisión, pero ahora le toca esperar turno para ser debatido en el Pleno del Congreso. ¿Cuánto tiempo tardará en ser programado? Esa es una de las mayores preocupaciones de quienes creen que es necesario asegurar cuanto antes la intangibilidad del territorio de los PIACI, sobre todo porque en la propuesta de esta nueva ley se establecen salvaguardas para garantizar la vida e integridad de los pueblos en aislamiento frente al COVID-19, una pandemia que mantiene en vilo a la población mundial y se está extendiendo en la Amazonía peruana.
“El dictamen se aprobó, ahora estamos a la espera que el Pleno lo debata y apruebe”, manifiesta Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIdesep).
Mientras tanto, las voces que se oponen al cambio en la norma aprovechan la espera para esbozar argumentos que logren frenar su aprobación.
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Un debate fuera del Congreso
El congresista Lenin Bazán recuerda que cuando se aprobó la ley para los pueblos en aislamiento no se respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo que rige en el Perú desde 1995 y que recomienda la declaración de intangibilidad de los territorios de los pueblos originarios en aislamiento voluntario.
“Cuando se asume un convenio, como lo hizo el Perú, lo que corresponde es obedecerlo, y en el año 2006 los congresistas no lo hicieron”, señala Bazán.
El dictamen aprobado hace casi un mes especifica que en los territorios destinados a los PIACI “no se otorgarán derechos, títulos habilitantes, autorizaciones, permisos o licencias u otros, ni se suscribirán contratos de aprovechamiento, explotación, acceso, entre otros, que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, la investigación o colecta de información, o la construcción de proyectos de infraestructura”.
Una decisión que ha encendido las críticas de los gremios que reúnen a empresas dedicadas a actividades extractivas como lo es la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
En un comunicado enviado a Mongabay Latam, la SPH asegura que los contratos de hidrocarburos que se ubican dentro de los territorios de los PIACI tendrían que ser resueltos si el proyecto de ley se aprueba, el Estado además se vería obligado a compensar económicamente a las empresas que resulten afectadas y se generarían “pérdidas multimillonarias para el Tesoro Público y demandas al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por la violación de Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones celebrados por el Perú con diversos Estados”, se lee en el comunicado.
Por otro lado, según el gremio, la modificación de la ley afectaría el suministro del 50% de la energía en el país, aludiendo al impacto que la modificatoria generaría en el acceso a las reservas de gas natural. El comunicado precisa que los Lotes 56 y 88 de gas de Camisea –este último ubicado dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros– corren el riesgo de ser suspendidos si se aprueba el dictamen en el Pleno del Congreso. Además, otro de los problemas, según la SPH, estaría asociado a la pérdida del canon por hidrocarburos que beneficia a las comunidades nativas.
Para Lizardo Cauper, presidente de la Aidesep, los gremios e instituciones que representan a los sectores extractivos solo están pensando en los ingresos para sus agremiados. “Hay campañas de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas y de otros gremios que solo ven el tema económico. Nosotros decimos que esa Ley protegería mejor a los territorios indígenas de los pueblos en aislamiento, porque son seres humanos con derechos que decidieron vivir de esa manera”, precisa Cauper.
El congresista Bazán, por otro lado, resalta que existe un antecedente que deja en claro la intangibilidad del territorio de la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, y a su vez asegura la permanencia del proyecto Camisea. Y así es, el decreto supremo 028 aprobado en el 2003, durante el el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, establece la intangibilidad de la reserva y protege la operación de Camisea. El fin fue acceder a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la explotación del gas.
“En ese momento el decreto supremo estableció la permanencia del proyecto Camisea, pero cerró las puertas al ingreso de nuevas concesiones. Hay que sepultar los mitos y la mala información que se viene dando de que Camisea va a cerrar”, dice el parlamentario.
Silvana Baldovino, directora del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) recuerda los reclamos que presentaron las organizaciones indígenas cuando se aprobó la ley hace catorce años.
“La norma hablaba de intangibilidad, pero era relativa, porque se dejaba abierta la posibilidad de entregar derechos si se trataba de un caso de necesidad pública. La vulnerabilidad de los pueblos indígenas es enorme y la intangibilidad tiene que ser total”, asegura Baldovino.
El dictamen aprobado de este proyecto de ley ha sido entregado a la Mesa Directiva del Parlamento para que sea puesto a disposición de la Junta de Portavoces del Congreso, quienes se encargan de definir los temas que ingresan en las agendas del pleno.
Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación el proyecto de ley no ha sido agendado para ser discutido en el Pleno del Congreso de la República, pese a la necesidad de garantizar la vida e integridad de los pueblos en aislamiento por el avance del COVID-19 en Perú.
La urgencia por aprobar la modificación de la ley está vinculada también a lo que está pasando hoy en la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y otros –asegura el congresista Bazán– donde integrantes de la etnia nahua y nanti en contacto inicial que viven en la comunidad de Santa Rosa de Serjalí, dentro de la reserva, están en riesgo por el COVID-19.
El problema está presente debido a que en Villa Sepahua, pueblo ubicado cerca de la reserva, se han presentado personas positivas al coronavirus, pueblo al que llegan miembros de las etnias nahua y nanti provenientes de Santa Rosa de Serjalí para abastecerse de alimentos y otros bienes.
“De lo que se trata es de salvar vidas. Si no declaramos estos territorios intangibles y no establecemos zonas de amortiguamiento en este momento de pandemia, llegará el coronavirus y se producirá un etnocidio”, asegura Bazán.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio de Energía y Minas su posición con respecto al dictamen aprobado en el Congreso, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
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El riesgo para los pueblos en aislamiento
La antropóloga Beatriz Huertas recuerda los incidentes ocurridos con la población indígena nahua y nanti durante el inicio de las operaciones del proyecto Camisea. “En ese momento se demostró con creces el grado de vulnerabilidad de los indígenas en aislamiento. Hubo encuentros y contactos forzados. Indígenas Nanti, Nahua y también matsiguenga murieron por infecciones respiratorias e infecciones del estómago”, asegura la experta.
Pero este no es el único caso. Huertas menciona que entre los años 2012 y 2013 en el Lote 135 que se superpone con la propuesta de la reserva indígena Yavarí Tapiche, en la región Loreto, se encontraron huellas de indígenas aislados a lo largo de las líneas sísmicas del proyecto de hidrocarburos.
Estas son algunas de las razones por las que la experta demanda un cambio urgente en la norma, pero también porque encuentra una clara contradicción en la ley actual. Por un lado, indica la antropóloga, la norma se refiere a la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento y, por otro, permite las actividades de interés público que ponen en riesgo la integridad y la vida de los indígenas.
De los diez territorios PIACI que existen en Perú –cinco categorizados como reservas y cinco en proceso– cuatro tienen superposición con lotes de hidrocarburos. Camisea es una de ellas, con el Lote 88.
Las otras tres, que aún se encuentran en proceso de creación, son la reserva Kakataibo Sur que se superpone con el Lote 107, la reserva Yavari Tapiche donde se encuentra el proyecto del Lote 95 y la reserva Napo-Tigre en la que se ubican los lotes 67 y 39.
Para atender este problema, el proyecto de ley hace hincapié en el derecho que tienen los pueblos indígenas en aislamiento a la propiedad de los territorios que ocupan, restringiendo el ingreso de foráneos a los mismos. Además, establece reservas indígenas que serán determinadas sobre la base de las áreas que ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional.
De acuerdo con el proyecto de ley, el Ministerio de Cultura deberá emitir una opinión técnica previa vinculante antes del otorgamiento de cualquier concesión, permiso o contrato de aprovechamiento que pueda afectar a los PIACI, aun cuando no se superponga a ninguna reserva. Cultura también deberá actuar en el caso de las infracciones que se relacionen con la Ley PIACI.
La propuesta de ley, en el artículo 9, propone también que el Estado establezca zonas de amortiguamiento zonas para las reservas indígenas. “Entiéndase por zonas de amortiguamiento a las zonas adyacentes a las reservas indígenas, que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial”, dice el dictamen.
Sobre estos espacios de protección precisa que el Ejecutivo deberá definir su extensión, así como las actividades que pueden realizarse en ellas sin poner en riesgo el carácter intangible de las reservas ni el principio de no contacto.
Asimismo recomienda implementar acciones de salud con enfoque intercultural en las zonas de amortiguamiento y áreas colindantes ocupadas o utilizadas por pueblos en aislamiento y en contacto inicial, para evitar así la transmisión de enfermedades. infecciosas en las .
La propuesta tiene relevancia ahora que se atraviesa una situación de emergencia sanitaria debido a la presencia del coronavirus y los casos de COVID-19 que afectan al país. “En el marco de la pandemia del COVID-19 se hace necesario y urgente que el Congreso de la República cumpla con adecuar el marco normativo nacional a las obligaciones internacionales sobre PIACI”, puntualiza el documento del proyecto de ley.
Un reportaje de Mongabay Latam, publicado el lunes 15 de junio, expone el avance que ha tenido el coronavirus en los pueblos indígenas y cómo se está agudizando el riesgo para los indígenas en aislamiento y contacto inicial. Uno de los casos que evidencia el avance del virus se ha dado precisamente en Sepahua, en Ucayali, en una comunidad cercana a la reserva Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.
El peligro es notorio porque la población de la comunidad de Santa Rosa de Serjalí, ubicada dentro de la reserva y cuyos miembros pertenecen a las etnias nahua y nanti en contacto inicial, se trasladan hasta Sepahua constantemente. Hoy hay 38 indígenas nahuas en cuarentena en esta localidad.
Jackeline Borjas Torres, especialista del Programa Amazonia de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), comenta que los PIACI están en extrema vulnerabilidad. “Tienen una triple amenaza: los impactos por el COVID-19, los riesgos por el deficiente sistema de salud y los peligros para su territorio”.
Borjas precisa que de llegar un caso de COVID-19 a estos pueblos, como ocurrió en Ecuador con los waorani y en Brasil, no solo se presentará un problema individual con cada persona, sino un riesgo como pueblo. “La aprobación del proyecto de ley es de total urgencia. Hablamos de la vida de 7000 personas que viven en situación de aislamiento y contacto inicial”.
Mongabay Latam solicitó la opinión del Ministerio de Cultura sobre los cambios de la norma, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.
El artículo original de Yvette Sierra Praeli fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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