Aprueban iniciativa para regular pasivos ambientales por actividad minera

La propuesta legislativa plantea que la remediación de los pasivos ambientales mineros siempre tenga un responsable y se cubra así el vacío legal al respecto.

El Ministerio de Energía y Minas deberá elaborar un Plan Nacional para la remediación urgente de los temas en mención, clasificados como de muy alto riesgo. | Fuente: ANDINA

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el dictamen que propone la remediación de los pasivos ambientales por la actividad minera.

Dicha iniciativa reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y plantea hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en nuestro país que permitan avanzar hacia la eliminación de los riesgos para nuestros ecosistemas y la salud de la población.

Castigarán a responsables

La iniciativa legal establece sanciones para quienes resulten responsables de la no remediación del pasivo a través de la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, e impedimentos para solicitar nuevos petitorios y explotar unidades mineras, en caso no culminen la remediación en un plazo de seis años desde la aprobación del Plan de Cierre.

“El gran problema es que el Estado no ha logrado identificar al responsable de los pasivos ambientales mineros, y existe un vacío legal al respecto. Mientras tanto, las personas afectadas y contaminadas por metales pesados no saben a quién reclamar”, sentenció Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos.

Entre los principales cambios que propone el dictamen a la ley 28271, se precisa la definición de los pasivos mineros como aquellos restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente a la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables, así como a los territorios indígenas.

Asimismo, se señala que la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo, recae en el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que se identifique al responsable o a un remediador voluntario.

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