Estudio presentado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y WIEGO, revela que ocho organizaciones de trabajadores informales cubren en parte las necesidades de protección social que, de acuerdo a la ley, le corresponden al Estado.
Un estudio presentado hoy revela que ocho organizaciones de trabajadores informales cubren, en parte, las necesidades de protección social que, de acuerdo a la ley, le corresponden al Estado.
Elsie Guerrero, ex gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima e investigadora de la red WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), dijo que los más protegidos por su organización son los estibadores de mercados, mientras que los más desprotegidos son los mototaxistas.
Los estibadores de mercados agremiados en una federación nacional, tienen 10.000 integrantes en Lima, los que reciben subsidio en caso de accidentes que los inhabilitan, un retiro de entre 25 mil y 30 mil soles, microcrédito y otros beneficios de su asociación.
En el otro extremo se encuentran los mototaxistas, entre quienes 7.000 de los 350.000 que se calcula que hay en todo el país, tienen afiliación a algún tipo de gremio. Estos, sin embargo, son gremios fantasma que no les proveen beneficios y cobran cupos para circular por su zona.
Guerrero dijo que desde hace 30 años el Estado viene emitiendo normas a favor de diversos grupos de trabajadores informales, las cuales no se han aplicado cabalmente con el fin de darles protección social.
La investigadora sostuvo que algunos de estos gremios tienen importantes inversiones. Los vendedores de diarios son dueños de siete inmuebles en el Centro de Lima, los que les aportan una renta con la que pueden pagar gastos de salud y sepelio de sus afiliados.
Detalló que en el Centro Comercial "El Hueco", los comerciantes no aportan una cuota a su organización, sino que aquellos ingresos comunes, como el que se obtiene por el uso de los servicios higiénicos, pasan a un fondo común con el que se cubre atención dental, sepelio, capacitación y otras necesidades.
También está el caso de los lustradores de calzado, quienes gracias a sus aportes conjuntos, han podido comprar un terreno en Jicamarca en el que planean construir un centro recreacional.
Guerrero afirma que varias de estas asociaciones de trabajadores informales tienen leyes que les dan acceso a seguridad social. Sin embargo, estas no se aplican.
"Estos trabajadores pueden entrar a un sistema semicontributivo. El Estado debe aprovechar sus organizaciones en lugar de ignorarlos", dijo la investigadora.
Comentó que uno de estos gremios tiene un fondo de medio millón de soles, y que es una buena oportunidad para que la agremiación de trabajadores informales reciba asesoría en inversiones, que les permita mejorar su situación y salir de la informalidad.
Planes en Lima
Guerrero participó en una conferencia sobre empleo informal organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). También participó Vicente Malásquez, sub gerente de autorizaciones comerciales de la Municipalidad de Lima.
Malásquez comentó que la MML invertirá un millón y medio de dólares durante los próximos tres años en un plan de ordenamiento que ayude a los ambulantes del Centro de Lima a reconvertirse laboralmente o a formalizar su negocio en un local.
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