Cuatro claves sobre el escándalo del cartel de precios del papel higiénico

El escándalo por la presunta concertación de precios del papel higiénico en el Perú abarca los años entre el 2005 y el 2014 y tiene conexiones con casos similares en Chile y Colombia, en el que las empresas contra las que Indecopi abrió hoy un proceso sancionador también están implicadas. 

1. Las empresas implicadas

Por un lado, se encuentra Productos Tissue del Perú S.A. (Protisa), que opera en el mercado de papeles higiénicos bajo las marcas Elite y Noble, y que posee el 55% del mercado de estos productos en el Perú. 

Protisa pertenece al Grupo Matte, el tercer holding más grande de Chile según Forbes, y controlador de otras grandes empresas entre las que figura la empresa de telecomunicaciones Entel Chile, que también opera en el Perú. El holding está relacionado a la familia Matte, una de las más acaudaladas de nuestro vecino del sur. 

También vende pañales en el Perú, con la marca Babysec. 

Kimberly Clark, por su parte, es una de las principales transnacionales del mercado de consumo masivo, con presencia en 175 países, fábricas en 37 naciones y más de 142 años de antigüedad. En el 2014, registró ventas globales por US$19.700 millones. 

En el mercado de papel tisú del Perú, opera a través de las marcas Suave, Kleenex y Scott, y posee el 33% del mercado local. 

También comercializa las marcas Huggies, Kotex y Plenitud. 

2. Los antecedentes en Chile y Colombia 

CPMC, la empresa de papel tisú y papel higiénico del Grupo Matte en Chile, fue protagonista de un escándalo conocido como Confortgate', que explotó en octubre de este año luego de que se relevara -y la empresa reconociera- que había coordinado con su rival PISA -filial de la sueca SCA- para contralar durante una década cuotas de mercado y precios en el mercado chileno. 

La base de las investigaciones, según se mencionó en su momento, fueron los antecedentes de Protisa (también del Grupo Matte) en el Perú, que ahora se conocen oficialmente. 

En agosto del 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) acusó a las cuatro principales empresas del mercado de pañales, fabricantes de las marcas Winny, Huggies, Pequeñín y Baby Sec, que concentran el 96% de ese mercado, luego de hacer una investigación. 

Las acusadas fueron Tecnoquímicas-Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andina, "por presuntas infracciones al régimen de libre competencia". 

Colombiana Kimberly Colpapel es la subsidiaria de Kimberly Clark en Colombia y Drypers Andina pertenece a la chilena CPMC, ambas implicadas en el escándalo de concertación de precios del papel higiénico en el Perú. 

De acuerdo con Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa del Consumidor del Indecopi, en el caso de Chile, la presunta concertación de precios se habría dado entre el 2000 y el 2011, mientras que en Colombia, las acusaciones se remontan al lapso entre el 2000 y el 2013. 

3. Las sanciones 

Las conductas anticompetitivas son sancionadas, al final del procedimiento correspondiente, dependiendo de la gravedad de las faltas. En el caso de faltas muy graves, las multas están por encima de las 1 000 UIT (S/.3 850 000) y hasta el 12% de los ingresos totales del grupo económico al que pertenece la empresa. 

Jesús Espinoza, de Indecopi, explicó que Protisa se acogió al Programa de Clemencia de Indecopi desde junio del 2014 y que ha colaborado con medios probatorios que han permitido el inicio del proceso sancionador. Al ser la primera en contactar a Indecopi y si sigue colaborando con la investigación, podría exonerarse del 100% de la multa. 

De acuerdo con Indecopi, esta no es la primera vez que se inicia un procedimiento sancionador a partir de información obtenida mediante el Programa de Clemencia, pero ninguna empresa antes de Protisa había renunciado a la confidencialidad de su identidad como colaborador. 

Quien podría no librarse de las multas sería Kimberly Clark, si finalmente el proceso determina que la empresa está en falta. Sin embargo, Espinoza mencionó que puede colaborar con las investigaciones y solicitar acogerse también a la clemencia para poder rebajar su multa, pero no exonerarse de ella.

Asimismo, queda la duda respecto a cómo se calcula el tope máximo de las sanciones. De acuerdo con Espinoza, falta interpretar si la legislación vigente señala que el 12% de la multa máxima se aplica a las ventas totales del grupo económico en el Perú o a las que obtiene en sus operaciones globales. De ser así, se aplicaría a los miles de millones de dólares que obtiene anualmente de ingresos Kimberly Clark. 

Adicionalmente, el último Decreto Legislativo 1212 (publicado en setiembre del 2015) que refuerza las capacidades de Indecopi, señala que, además de las multas, se pueden imponer medidas correctivas en estos casos, como la restitución a los consumidores del precio pagado demás. Sin embargo, en este caso Espinoza explicó que debería evaluarse si se aplican, dado que la norma no puede ser retroactiva. 

Asimismo, independientemente de las sanciones, Espinoza anotó que los que se consideren afectados podrían abrir procesos judiciales contra las compañías, una vez terminado el procedimiento sancionador, para solicitar indemnizaciones por los daños que podrían haber causado estas conductas anticompetitivas. 

4. Personas naturales implicadas

De acuerdo con la investigación preliminar de Indecopi, los acuerdos para incrementar los precios de manera concertada se habría dado a través de reuniones en hoteles y conversaciones telefónicas, y también se habría coordinado descuentos y promociones aplicables en todo el país entre el 2005 y el 2014. 

Así, Indecopi ha conseguido correos y archivos electrónicos que entregaron ambas empresas durante las visitas de inspección realizadas,, asi como testimonios de personas naturales y otros medios probatorios recabados como agendas físicas y facturas de hoteles. 

Además de las dos empresas, la secretaría técnica de la Comisión de Defensa del Consumidor de Indecopi ha abierto procedimientos sancionadores contra 17 funcionarios y ex funcionarios de ambas empresas: 14 de Kimberly Clark Perú y cuatro de Protisa. 

Entre ellos figuran tres ex gerentes generales de las dos empresas. 

De encontrarse responsables, tendrán que pagar una multa de hasta 100 UIT (S/.385 000), pero no son pausibles de sanción penal.