Defensa del Estado advierte errores en ponencia del TC sobre deudas tributarias

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) resolverá la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de la deuda tributarias de las grandes empresas. 

La ponencia del caso estará en manos del magistrado Ernesto Blume, quien propone declarar inconstitucional la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 sobre los plazos de prescripción, argumentando que el Poder Ejecutivo excedió sus funciones al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en materia tributaria.

De aprobarse esta propuesta, el estado dejaría de cobrar 11 mil millones de soles a las empresas. Los beneficiarios directos de la sentencia sería aproximadamente 158 empresas, entre mineras, constructoras, supermercados, clínicas y universidades privadas, que dejarían de tributar prácticamente de manera inmediata.

Al respecto, el abogado Francisco Eguiguren, defensa del Estado en la demanda, advirtió errores en la ponencia y señaló que el decreto en cuestión no es inconsitucional. En conversación con Ampliación de Noticias, el abogado resaltó que lo aprobado no tiene ninguna falla ni de fondo ni de forma. 

"Lo que hoy está en el Tribunal tiene dos errores: la sentencia dice que la norma 1421 es inconstitucional por razones de forma, porque ha excedido a términos del Ejecutivo, y por razones de fondo, aplica de manera retroactiva esta norma. Si fuese cierto, se trata de una situación inconstitucional, pero no es verdad", precisó Eguiguren. 

Eguiguren, quien elaboró un informe al Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que hay millones de soles que están en juego y que la respuesta que tenga el TC al respecto podría beneficiar a las empresas con deudas tributarias. 

"No tienen razón. Ni porque excedió la norma la delegación ni porque haya aplicación retroactiva porque no eran deudas prescritas. Hay millones de soles que están en litigio y que los interesados (las empresas) no pueden pagar", sostuvo. 

PÉRDIDAS DE INGRESOS 

El también abogado del Estado, Marcial Rubio, afirmó que si el Tribunal Constitucional (TC) confirma la ponencia del magistrado Ernesto Blume sobre la prescripción de deudas tributarias el Estado no solo dejaría de cobrar 11 000 millones de soles de deudas en litigio, sino que vería debilitada su capacidad de fiscalización tributaria a las grandes empresas.

Rubio explicó que una sentencia del TC es de cumplimiento obligatorio por todos los jueces y tribunales del país por lo que, si decreta la inconstitucionalidad del citado decreto, los plazos para cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas empezarían a correr, inclusive, antes que esta haya sido determinada.

“En los hechos se inhabilitaría a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) para poder fiscalizar debidamente a las grandes empresas que tienen estructuras muy complejas y conforman holdings”, argumentó.

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