El Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas destinadas a fortalecer la prevención, detención y sanción de los delitos de lavado de activos y terrorismo desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en línea con las exigencias de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Nuevos Poderes. El presidente del Consejo de Ministro Fernando Zavala explicó en qué que ampliará las atribuciones que tiene la UIF. “Se fortalecen las facultades de la UIF Perú en materia de acceso a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria mediante autorización judicial. Se crea una gestión centralizada de los notarios públicos a nivel nacional a través de un órgano centralizado de prevención, entre otras medidas”, explicó.
Microfinanzas. A su vez, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello precisó que se incorporará como sujetos obligados a brindar información a los procesadores de tarjetas de crédito y/o débito, empresas de préstamos, empresas de juegos y apuestas deportivas, compañías que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria y operan a través de plataformas virtuales, a los abogados y contadores colegiados dejando constancia que esto no impacta ni violenta el secreto profesional.
"Estos nuevos sujetos tendrán la obligación de remitir la información que obtengan a razón de la labor que desempeñan que pudiera entrañar una operación sospechosa para que luego pueda ser procesada por la UIF que cruzará esta información con otra para determinar una presunción de responsabilidad", declaró.
Otras fuentes. La ministra también dijo que se supervisarán a los agentes inmobiliarios, agencias de viajes y turismo, establecimientos de hospedaje, empresas mineras y empresas dedicadas a juegos de loterías y similares. “Se establece además un procedimiento judicial especial que permite a la UIF el acceso al secreto bancario, a la reserva tributaria”, indicó.
Lavado de activos. Adicionalmente se faculta a la UIF para el envió de información e inteligencia de delitos presuntamente procedentes de lavado de activos al ministerio público para que se fortalezca los mecanismos de combate contra este tipo de criminalidad.
