Gobierno oficializó transferencias por cerca de S/6,000 para proyectos de inversión

El presidente Martín Vizcarra adelantó en la semana que fondos serán destinados principalmente a los gobiernos regionales.
Gobierno espera que con estas transferencias se pueda alcanzar la meta de crecer 3.6% este año. | Fuente: Andina

A través del Decreto de Emergencia 006-2018, el Gobierno autorizó transferencias y operaciones por alrededor de S/6,000 millones, principalmente a regiones, con el objetivo de cumplir con la meta de crecimiento de 3.6% para este año.

La norma autoriza una transferencia de S/2,596 millones, a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo a los saldos disponibles según la proyección al cierre de este año.

También autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a efectuar modificaciones a los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), hasta por un monto de S/93.2, también a favor de la Reserva de Contingencia.

Asimismo, se autorizó una transferencia de S/2,714 millones de la Reserva de Contingencia, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, y los gobiernos regionales y locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

Más transferencias

El DU 006-2018, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este añotambién autoriza una transferencia de S/16.5 millones del Ministerio de Vivienda a favor de diversos gobiernos locales, para financiar proyectos de inversión.

Entre las transferencias destacan la autorización al MTC a transferir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta por S/28.5 millones para financiar el proyecto “Creación del puente vehicular y peatonal sobre el Río Rímac, entre la cuadra 8 de la Av. Morales Duarez y la cuadra 2 de la calle Paseo del Río en los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua”, con el fin de facilitar la ejecución del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La norma detalla que los titulares de los pliegos, bajo los alcances del mencionado decreto de urgencia, son responsables de su adecuada implementación, así como del uso de los recursos comprendidos en su aplicación, conforme a la normatividad vigente.

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