La economía peruana enfrenta un punto de inflexión: la OCDE advierte que, sin disciplina fiscal ni reformas estructurales, el país arriesga estancar su crecimiento. Informalidad, baja recaudación, financiamiento limitado para MIPYME, brechas sociales y transición verde son los grandes retos pendientes.

La economía peruana se encuentra en un punto de inflexión crítico. Un informe publicado por la OCDE advierte que, para lograr mejoras sostenidas en la calidad de vida de sus ciudadanos, el país debe "restablecer la disciplina fiscal y acelerar las reformas estructurales". De no hacerlo, Perú arriesga estancar su convergencia hacia los niveles de ingreso de las economías más avanzadas.
El estudio subraya que, si bien el país ha demostrado resiliencia, persisten desafíos estructurales que frenan su potencial. La OCDE proyecta que la implementación de un paquete de reformas ambiciosas podría permitir que el PBI per cápita de Perú alcance el 65 % del promedio de la OCDE para 2070, en lugar de quedarse en solo el 45 % si se mantienen las políticas actuales.
La debilidad Fiscal y la informalidad Persistente
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el deterioro de la disciplina fiscal. Por segundo año consecutivo, Perú incumplió su regla fiscal en 2024, una situación que "está debilitando la credibilidad del marco fiscal y amenaza la sostenibilidad fiscal de largo plazo". El déficit fiscal alcanzó el 3.5 % del PBI en 2024, superando la meta establecida.
Este debilitamiento fiscal está intrínsecamente ligado a la informalidad generalizada, que afecta a más del 71 % de los trabajadores. Según la OCDE, esta realidad no solo limita la productividad y la calidad del empleo, sino que también "restringe el espacio fiscal, debilita la calidad del empleo y la cobertura de la protección social, y frena el desarrollo del capital humano". La recaudación tributaria del país, de apenas el 17% del PBI en 2024, se encuentra muy por debajo de los promedios de la región y de la OCDE, debido a la alta evasión y la estrecha base impositiva.
La lucha por el financiamiento de las MIPYME
El motor del empleo en Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que representan el 99.4 % del total de empresas, enfrenta un acceso limitado al crédito. El informe destaca que estas empresas "tienen dificultades para acceder a créditos asequibles (...) y se enfrentan a unas elevadas tasas de interés, exigencias de colateral y pocas alternativas de financiamiento, incluso cuando son formales".
Esta barrera financiera limita directamente la capacidad de las firmas para invertir, crecer y formalizarse. A esto se suma que los mercados de capitales están poco desarrollados y no ofrecen alternativas viables de financiamiento a largo plazo.
Una movilidad social estancada
A pesar de que las nuevas generaciones alcanzan niveles educativos más altos que sus padres, la movilidad social en Perú sigue siendo escasa. El informe es claro al señalar que "los resultados educativos y el acceso a empleos formales de alta calidad siguen dependiendo, en gran medida, de su origen socioeconómico".
Las brechas son particularmente agudas en zonas rurales y para las mujeres. La transición de la escuela al trabajo es deficiente, con altas tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI). Además, persisten importantes desigualdades de género en el mercado laboral, donde las mujeres enfrentan una menor participación, mayor informalidad y una brecha salarial del 19 %.
El desafío urgente de la transición verde
Perú es "altamente vulnerable al cambio climático", enfrentando riesgos crecientes como inundaciones, sequías y el retroceso de sus glaciares. Aunque el país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, el camino requiere una transformación económica profunda.
La principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es la deforestación. La OCDE afirma que "detener la deforestación en la Amazonía es el componente más importante de la ruta para cumplir las metas de descarbonización de Perú". Esta actividad, impulsada por la expansión agrícola y actividades ilegales, es responsable de casi el 50 % de las emisiones del país.
Adicionalmente, el potencial en energías renovables está subutilizado. Apenas un 5 % de la energía proviene de fuentes eólicas y solares, a pesar de que el país tiene condiciones excepcionales para su desarrollo. El informe recomienda acelerar la reforma energética para facilitar la entrada de estas tecnologías limpias a la red.