Perú corre el riesgo de indemnizar a Doe Run con US$800 millones

Pese a los incumplimientos de la empresa Doe Run con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), el Estado peruano corre el riesgo de terminar indemnizando a la empresa norteamericana con 800 millones de dólares en un arbitraje internacional. Así lo advirtió hoy José De Echave, director de CooperAcción.     

“Han logrado el apoyo de 8 congresistas norteamericanos que han respaldado la posición de Doe Run e incluso hay una carta enviada al Banco Interamericano de Desarrollo donde se le pide que suspende los créditos que está otorgando al Estado peruano. Hay una ofensiva muy clara de la empresa que le ha sacado varios cuerpos de ventaja a un Estado que ha reaccionado bastante tarde y bastante lento”, comentó.

Basado en el capitulo de inversiones del TLC entre Perú y EEUU, Doe Run llevó al Estado Peruano en abril de este año a un arbitraje internacional, con el argumento de haber recibido un trato injusto respecto a la ejecución del PAMA. Indican que el gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas.

Un segundo argumento es que el gobierno no ha tratado con la misma dureza a la empresa nacional Activos Mineros a pesar que tampoco ha cumplido con la obligación que le correspondía por el PAMA. Doe Run asegura también que atraviesa serios problemas de financiamiento, lo que lo ha llevado a un proceso concursal ante INDECOPI,  en el que el Estado es el principal acreedor, lo que para la empresa constituye un intento de expropiación.

Además reiteran que es el Estado peruano y Activos mineros los que deben asumir cualquier responsabilidad ante las denuncias por daños a la salud y el ambiente.

“Si uno ve la casuística, el tema ambiental le importa muy poco a estos mecanismos de arbitraje internacional y hay varios casos donde Estados han sido obligados a pagar millonarias indemnizaciones donde de por medio estaban aspectos ambientales importantes”, advirtió De Echave.

Finalmente, consideró los mecanismos que plantea el TLC con Estados Unidos da muchas ventajas al inversionista y no al Estado, en la medida que solo el primero puede entablar una denuncia.