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¿Por qué la Constitución de 1979 y no la de 1993?

Ollanta Humala asume Presidencia del Perú jurando ante la antigua Carta Magna, que permitía al Estado aprovechar económicamente sus recursos naturales.

La juramentación del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y sus vicepresidentes Marisol Espinoza y Omar Chehade por la Constitución de 1979, provocó una serie de protestas en el Congreso, especialmente por parte de los parlamentarios fujimoristas.

(LEA MÁS: Principales anuncios durante el Mensaje a la Nación)

Dos son los debates centrales que existen sobre la Constitución Política de 1993. El primero se refiere a su origen, pues fue aprobada por el Congreso Constituyente instalado tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

(VIDEO: Ollanta Humala jura "por la Constitución de 1993")

En segundo lugar, el debate se ha dado sobre las implicancias económicas de la última carta política.

Las principales diferencias en lo económico entre las constituciones firmadas por Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1979, y por Alberto Fujimori, en 1993, están en el rol subsidiario del Estado y en el aprovechamiento que este puede hacer de los recursos naturales.

En el artículo 60º de la carta de 1993 se determinó que "sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal".

Más adelante, en el artículo 66º, esta constitución señala sobre los recursos naturales no renovables que "por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares".

En contraste, el artículo 122º de la carta política de 1979, señalaba que "el Estado fomenta y estimula la actividad minera. Protege la pequeña y mediana minería. Promueve la gran minería. Actúa como empresario y en las demás formas que establece la ley (...)".

Durante su discurso, al asumir el mando, Humala prometió que el Perú no volverá a aplicar recetas de un Estado extremadamente intervencionista, pero tampoco irá hacia un Estado extremadamente pequeño y excluyente.

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