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Red Muqui: Decretos que priorizan 33 proyectos son inconstitucionales

Foto: Andina
Foto: Andina

Denuncian que los proyectos señalados por la norma,no requerirán la existencia de un EIA para obtener una licencia de uso de agua.

Los Decretos de Urgencia que priorizan 33 proyectos de inversión son inconstitucionales y poco transparentes, debido a que no exigen las certificaciones ambientales (que supone el Estudio de Impacto Ambiental aprobado) en la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial.

“En los proyectos señalados por la norma, por ejemplo, no se requerirá la existencia de un EIA para obtener una licencia de uso de agua. Con ello, se resta importancia al EIA como instrumento que previene los impactos ambientales negativos”, alertan.

El Decreto de Urgencia 001-2011 señala que las certificaciones ambientales serán exigidas antes del inicio de la ejecución del proyecto, conforme lo estable la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General del Ambiente.

El problema, según la Red Muqui radica en que estas normas van contra la Ley de Concesiones Eléctricas que establece como requisito para el otorgamiento de las concesiones definitivas la aprobación de un EIA.

“Consideramos lamentable  que el Ministerio del Ambiente defienda una medida de esta naturaleza señalando que la norma es congruente con la Ley del Ambiente y la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ignorando que la Ley de Concesiones Eléctricas tiene una regulación distinta, específica para el sector energético,  y que marca una diferencia por razones ambientales”, lamentaron.

La organización no gubernamental denunció también que el gobierno no está facultado para normar con decretos de urgencia  temas regulatorios, ya que estos solo pueden darse para temas económico-financieros y ante una situación en la que  no se puede esperar el trámite ordinario de aprobación de una Ley por el Congreso.

Por lo que exigieron la derogatoria por el Congreso de la República de los Decreto de Urgencia 001-2011 y 002-2011, por ser contrarios a los intereses nacionales, a la Constitución Política del Perú y a las normas ambientales.

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