Un exobrero británico paralizado y la mujer de un tetrapléjico ya fallecido perdieron hoy su batalla legal en el Tribunal Supremo para conseguir cambiar la ley que prohíbe la asistencia médica al suicidio en el Reino Unido.
Paul Lamb, que quedó paralizado por un accidente de tráfico, y Jane Nicklinson, esposa de Tony Nicklinson, fallecido en 2012, habían iniciado una campaña a favor de la muerte asistida y acudieron a los tribunales para intentar cambiar la legislación.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, falló hoy en contra de Lamb y Nicklinson, que están a favor de que las personas con parálisis puedan morir con dignidad.
Tony Nicklinson, tetrapléjico pero con plenas facultades mentales, murió en 2012 después de luchar también en los tribunales británicos para solicitar que permitiera a un médico ayudarle a morir sin afrontar cargos por asesinato.
Tras la muerte de Tony Nicklinson, su mujer continuó la campaña junto con Paul Lamb, de 57 años.
Ambos, que habían iniciado su batalla en tribunales inferiores, recurrieron hasta el Supremo para que considerase que la actual prohibición al suicidio asistido, contemplada en la Ley del Suicidio de 1961, viola los derechos humanos en virtud de la ley europea.
Sin embargo, en una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del Supremo concluyeron hoy que no tienen autoridad para declarar la ley incompatible con el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.
Jane Nicklinson y Lamb defienden que los médicos deberían poder ayudar a morir a aquellas personas que tengan un deseo "voluntario, claro, firme e informado" de poner fin a su vida pero no pueden llevarlo a cabo sin asistencia médica.
La Ley del Suicidio de 1961 pena con catorce años de cárcel a quien ayude a otra persona a poner fin a su vida en el Reino Unido.
EFE
