Defensoría del Pueblo a favor que EPS den cobertura a zonas rurales

La Defensoría del Pueblo respaldó el anuncio del ministro de Vivienda, René Cornejo de modificar la Ley General de Servicios de Saneamiento a fin que las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) operen por cada región del país y no solo en algunas ciudades como sucede actualmente. 

Gianina Avendaño, jefa del área de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que el anuncio va en línea con un informe defensorial del 2007 referido al derecho al agua en las zonas rurales.

“En las zonas rurales quienes administran el servicio de agua potable y alcantarillado son los municipios distritales o las juntas administradoras de agua, pero por un tema de costos el servicio que brindan es deficiente lo que atenta contra la salud de las personas, creo que la propuesta del ministro tiene buen sentido, se orienta a alcanzar y dar mayor supervisión a estas zonas” expresó en el marco de la campaña “Cuida el agua ya, no dejes que se acabe”.

La funcionaria lamento que por varios años venimos arrastrando un sistema de gestión de abastecimiento de agua cuyo marco normativo se ha cerrado solo en el abastecimiento a los ámbitos urbanos, creando una gran brecha con los pueblos rurales. Sin embargo, consideró que el ministerio de Vivienda  Construcción y Saneamiento deberá contemplar plazos y etapas prudenciales.

“Las EPS no van a poder ampliar el servicio a toda una región de la noche a la mañana, se les tiene que capacitar técnica, financiera y de manera gerencial, simultáneamente se debe trabajar con los municipios, las juntas administradoras de agua y la misma población para convencerlos que el servicio que reciben es deficiente y atenta contra su salud, ellos no lo saben y no miden el impacto que tiene esta situación en sus vidas y la de sus familias” remarcó.

Mientras tanto, Avendaño dijo que las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional tienen las puestas abiertas para atender cualquier tipo de reclamo por deficiencias en el servicio de agua potable y alcantarillado que sufran las poblaciones rurales del país.