La Conferencia Episcopal Peruana sostuvo que la crisis social que vive el país "no se resuelve con la suspensión de los derechos o creando otras crisis".
La Conferencia Episcopal Peruana señaló este martes que la crisis social que vive el país "no se resuelve con la suspensión de los derechos o creando otras crisis", en referencia al decreto supremo que dispone la inmovilización social obligatoria durante este martes en Lima y Callao.
En un comunicado, indicó que la "sorpresiva" medida dada por el Ejecutivo atenta contra los derechos básicos de la población, como es el ejercicio pleno de la libertad de todo ciudadano.
Además, el organismo consideró que el decreto es "desproporcionado" y el Gobierno "debe transparentar el porqué de su decisión". "Esto es importante porque a la población hay que dar razones", refirió.
"La ciudadanía interpreta que esta medida se impone como un hecho improvisado ante la poca capacidad del Gobierno para manejar los conflictos sociales surgidos en estos días en muchas partes del país", cuestionó.
LO QUE DEMANDA
En ese sentido, la Conferencia Episcopal Peruana invocó al Gobierno de Pedro Castillo "a dejar sin efecto esta medida que afecta a los más pobres" de la capital.
Al respecto, en una entrevista con RPP, el monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la institución católica, pidió a las autoridades "encontrar, a buscar una solución rápida y saludable para esta crisis". "Piensen en el pueblo peruano, en los pobres, en la población que los ha elegido", remarcó.
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