Caos en el transporte. | Fuente: Andina

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El Perú es el único país de América Latina que ha integrado a su constitución la figura del Primer Ministro. La inspiración es tan francesa, que hasta se le suele designar con un vocablo francés, Premier. Pese a los matices que las últimas constituciones han aportado, lo que está claro es que se trata de la segunda personalidad del Poder Ejecutivo, encargada de la coordinación entre los sectores ministeriales y de la vocería del Gabinete. Pese a la relevancia de su tarea, son raros los casos en que el Primer Ministro ha podido destacar a la sombra del Presidente que lo nombra y del Congreso que le otorga su confianza.

De hecho, el único primer ministro que más tarde ha logrado hacerse elegir presidente es Pedro Pablo Kuzcynski. Lo que sí ha habido, aunque pocos, es primeros ministros que han tenido más aprobación popular que el presidente (como Beatriz Merino bajo Toledo) o más notoriedad y una línea política diferente, como Pedro Beltrán durante el segundo mandato de Manuel Prado. El presidente Vizcarra debe nombrar un nuevo Primer Ministro, en reemplazo de César Villanueva, quien jugó un papel importante en la llegada al poder de Vizcarra, pero no en el diseño y la ejecución de una política general que le garantizara resultados.

A Vizcarra le quedan 25 meses antes de la primera vuelta de las elecciones generales del 2021. Aunque la reforma política y la judicial pueden ser parte de su legado, crece la impaciencia ante la insuficiente ejecución de los sectores. En las actuales circunstancias más que un Primer Ministro estratega, y menos aún una estrella de las encuestas, lo que necesitamos es un líder capaz de destrabar y ejecutar. Las cifras permitirán hacer un juicio inapelable: ¿mejorará la competitividad, la creación de empleo formal, la inversión, la infraestructura, la presión tributaria, los servicios de salud, educación y seguridad? Esperemos que Vizcarra logre hallar la persona indicada para que, independientemente de su género, contribuya a cumplir sus promesas.

Por si hicieran falta pruebas de las urgencias de la gestión pública, baste con referirnos a dos exigencias de la hora: el inicio del año escolar y la respuesta a las emergencias causadas por las lluvias. Se trata de dos fenómenos que no deberían sorprender porque se producen siempre en la misma época del año. La inquietud normal de los padres de familia se ve acrecentada por el mal estado de la infraestructura de numerosos colegios y el riesgo de enfermedades infecciosas favorecidas justamente por las inundaciones.

Hay un avance que merece ser destacado, la publicación del reglamento de la Autoridad Única del Transporte Urbano, que desde el próximo mes de abril asumirá funciones en Lima y el Callao. La ATU será responsable del tráfico y el transporte público. El objetivo es avanzar hacia una red integrada que reduzca el calvario que es desplazarse en una área tan extensa como Lima y Callao. Como el conjunto de desregulaciones que se hicieron precipitadamente a principios de los años noventa, la del transporte público respondió a la incapacidad del Estado, pero entretanto se ha vuelto un factor de irritación y un anti-ejemplo de valores ciudadanos. Pero no habrá reforma eficaz mientras no se termine con el sistema de choferes sin formación que no reciben salario sino un porcentaje de los ingresos generados. En caso contrario, la tendencia natural a ganar seguirá llevando a no respetar la luz roja, a no ceder nunca el paso, a abusar del claxon y a perpetuar la ley de la jungla.

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