Mala fiscalización de autoridades municipales agrava la contaminación en Lima

La industria informal viene trayendo consecuencias catastróficas para el medio ambiente, debido a la falta de fiscalización por parte de las autoridades municipales, quienes no ejercen un estricto seguimiento de las actividades que realizan muchas empresas. Hace dos semanas, un fuerte incendio en San Martín de Porres afectó la calidad del aire de los distritos de Lima norte, debido a que el material que se quemó fueron llantas ubicadas en un almacén clandestino. 

“Las municipalidades de los diferentes distritos de Lima tienen que llevar un mayor control sobre estas empresas, en su mayoría informales, a las cuales se les otorga el permiso para operar sin verificar las actividades que realizan y la manera en cómo las ejecutan. En el Perú existen alrededor de 5.7 millones de empresas de las cuales el 80% es informal”, explicó Eric Concepción Gamarra, especialista en estudio del aire y vocero de la campaña Juntos por el Medio Ambiente.

Daño ambiental

Según Concepción, los municipios deben alentar la creación de empresas formales y que cumplan a cabalidad con la normativa, incluyendo la ambiental. La construcción de estos depósitos o plantas de reciclaje requiere de una inversión considerable, para incluir, tecnología, personal calificado y operación de estándares ambientales. "Debemos desterrar el ejemplo de la informalidad y mirar experiencias de empresas como las dedicadas a la producción de baterías automotrices, plástico, papel, cartón, entre otras, que reciclan y aplican políticas de cuidado ambiental”, opina.

A pesar de que los ciudadanos denuncian a algunas empresas por los peligros de contaminación ambiental y para las personas, estos no son atendidos debido a la falta de pruebas. Es por ello que se requiere que las autoridades realicen estudios para que las denuncias prosperen. 

El especialista resalta la importancia de que las empresas cuenten con los procesos adecuados para la neutralización de ácidos, sistema de absorción de vapores y un sistema de lavado para que las partículas de plomo puedan ser controladas y neutralizadas. “Todo este panorama podría ser distinto si existiera mayor fiscalización”, comentó.