Nicaragua: Indígenas demandan la inconstitucionalidad por Ley del Canal

Indígenas del Caribe de Nicaragua demandaron la inconstitucionalidad de la ley que da una concesión a una empresa china, hasta por cien años, para la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto este lunes en la Corte Suprema de Justicia por autoridades de los pueblos indígenas miskito y afrodescendientes de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), que solicitaron el acompañamiento del no gubernamental Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) para ese caso.

La coordinadora de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, capital provincial de la RAAS, Nora Newball, explicó en rueda de prensa en la sede del Cenidh, en Managua, que están a favor del proyecto, pero consideran que la ley es "lesiva" para los territorios comunales.

La mayoría oficialista del Parlamento de Nicaragua aprobó el 13 de junio pasado la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atinente al canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados.

Los indígenas caribeños indicaron en un documento que recurren contra esa legislación porque el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no les consultó "durante el proceso de formación de la Ley".

También porque "infringen los derechos de propiedad sobre las tierras inagenables tituladas y tradicionalmente ocupadas y utilizadas por los pueblos indígena y afrodescendientes de la RAAS", alegaron.

Advierten que proyecto lesiona acceso a recursos naturales

Además, porque "lesiona" el acceso a sus recursos naturales y al consentimiento libre sobre los asuntos que les pueden afectar adversamente.

"El Estado de Nicaragua por medio de la Ley 840, unilateralmente ha anticipado el consentimiento de acciones futuras que ponen en peligro a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la RAAS en su propio territorio", argumentaron.

Añade que "tal aprobación implica que el Estado acepta y aprueba, con anticipación a su realización, estudios, diseños y obras de infraestructuras que afectarían a los indígenas y afrodescendientes, ausentes en este proceso".

Consideraron que tanto el Ejecutivo como el Legislativo omitieron por "completo, su obligación estatal de vigilar y mitigar las acciones adversas que sobre los recursos naturales de los territorios indígenas y de los afrodescendientes ocurrirán durante la ejecución del megaproyecto".

El Gobierno nicaragüense y la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group) firmaron el 14 de junio pasado un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, el cual contempla la concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Según el Gobierno sandinista, esta obra incluiría un canal húmedo para naves y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos, pistas aéreas y zonas de libre comercio tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares.

El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, aduce que para 2030 el volumen de transacciones comerciales a través del canal de Nicaragua, que sería más amplio que el de Panamá, habrá aumentado el 240 % respecto a las cifras actuales.

EFE