Personas que construyen sus propias viviendas también son extorsionadas

El delito de extorsión no solo tiene como víctimas ahora a los grandes empresarios dedicados a la construcción sino también a personas naturales, es decir a cualquier ciudadano que ahorró con mucho esfuerzo para levantar su casa y por miedo a la delincuencia se ve obligado a pagarle para que lo dejen tranquilo.

Según se conoció, la mayor parte de las denuncias de extorsión recibidas por la Policía Nacional en los últimos meses corresponde a personas naturales a quienes los extorsionadores, que se hacen pasar por trabajadores de construcción civil, les exigen dinero a cambio de dejarlos levantar sus casas o los segundos pisos de sus viviendas.

"Lamentablemente, los constructores que levantan obras de mayor envergadura prefieren ya no denunciar sino alinearse con las pretensiones de la delincuencia y pagar por la "paz laboral" que los extorsionadores les ofrecen", confió una fuente policial a la agencia Andina.

Esta negativa de los empresarios a permitir la acción policial ha generado que - como la Cámara Peruana de la Construcción lo denunció - en la planilla de trabajadores de una obra figuren presos internos en diversos penales del país y hasta fantasmas, es decir personas que no figuran en el Reniec.

"Ellos cobran puntualmente su semana, pero obviamente sin trabajar y este delito no cesa porque los extorsionadores han encontrado una forma fácil de obtener dinero, amenazando con el envío de balas y granadas a sus víctimas. Lo que han hecho estos delincuentes es generar una nueva forma de terrorismo", señaló el informante.

La misma fuente anotó que al resignarse a hacer estos pagos, los constructores aumentan los costos de las obras, lo que después incide directamente en el costo de venta de los departamentos y casas.

Anotó que los sindicatos que se forman en el sector construcción civil deberían velar por los derechos de los trabajadores, pero no es así pues sus propósitos son otros y prueba de ello es el caso de un obrero que amenazó con lanzarse al vacío en Arequipa si no le pagaban su sueldo.

Lo que sucedió con ese trabajador es que, si bien le pagaron su dinero,  luego el Sindicato decidió su destino y lo sacó del empleo.

Este tipo de delito comenzó a extenderse en Trujillo, teniendo como victimas a los taxistas y se extendió luego al sector construcción civil, donde los hampones han encontrado una vía para el dinero fácil.

TRÁFICO DE TIERRAS

El delito de extorsión, según las fuentes consultadas está íntimamente ligado al tráfico de tierras.

“Cuando algún grupo le echa ojo a determinado terreno lo invade y luego presionar al propietario para que lo venda a un precio mucho menor a su valor real a un mal empresario con la condición de que ese sindicato ejecute la obra.

“Todo está amarrado…de esos casos se han registrado varios al sur de Lima”, comentó.

De acuerdo a la fuente, se requiere un mayor compromiso del Ministerio Público y del Poder Judicial para sancionar este delito así como la violencia que se genera alrededor de las obras de construcción civil.

Por ejemplo, dijo,  de los enfrentamientos ocurridos hace algunas semanas en el distrito de Independencia, a la fecha no hay ningún detenido,  lo que hace estéril el esfuerzo policial.

“Que estas personas terminen tras las rejas sería un buen mensaje a la ciudadanía y probablemente ello anime a las víctimas de extorsión a denunciar”, anotó.

Agregó que la mayoría de sindicatos de construcción civil está metido en ese accionar ilícito y que cada uno de ellos tiene su brazo armado, es decir jóvenes que portan armas de fuego y que les “protegen” de otros sindicatos.

“Además en varios sindicatos, todos los dirigentes son miembros de una misma familia”, comentó.

Consultado sobre este panorama, el jefe de la División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC), coronel José Luis Saavedra, dijo en breves declaraciones que la Policía Nacional cumple su trabajo en este campo pero que quizás tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial debieran reforzar su labor ante esos delitos.

También consideró que sería conveniente que la Divproc sea fortalecida para mejorar y ampliar sus acciones.

El oficial saludó también la iniciativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de crear la Mesa de Diálogo con los grupos involucrados en construcción civil para erradicar la violencia en el sector.

Desde su creación en el 2010, la Divproc ha recibido un total de 88 denuncias por extorsión y/o coacción y ha logrado desarticular 120 bandas dedicadas a ese delito.

Asimismo, se intervino a 10,079 personas y se detuvo a 2,051, de los cuales 1,954 fueron halladas en delito flagrante. Además, se incautó 44,010 nuevos soles.

ANDINA