El secretario del 23 Juzgado de Lima, Abel Navarro, dijo que la aplicación de la medida se suspendió por falta de garantías.
Se postergó el desalojo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que ocupa el segundo piso de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que estaba previsto la mañana de este viernes.
El secretario del 23 Juzgado de Lima, Abel Navarro, dijo a la prensa que la aplicación de la medida se suspendió por falta de garantías, ya que no había suficientes efectivos policiales que apoyaran la diligencia, por lo que ésta ha sido reprogramada.
Sin embargo, el procurador del citado ministerio, César Abanto, aseguró que no se pudo concretar el desalojo porque la orden dictada por la jueza Hilda Sancarranco no contemplaba el descerraje del local.
Anotó que el inmueble se hallaba cerrado desde el jueves por medidas de seguridad, por cuanto hasta el lugar llegó un grupo de trabajadores estatales que mantenían un paro de 24 horas.
Agregó que la pretensión del Poder Judicial de tomar el local donde opera la Sunafil es ilegal, ya que la Ley de Inspecciones establece que la inspección laboral es un servicio público que no puede ser afectado.
Ministro sostiene que medida es inaudita
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, dijo que es inaudito que el Poder Judicial pretenda instalar sus oficinas en un inmueble que es propiedad de dicho portafolio, ubicado en la avenida Salaverry, Jesús María.
"Este inmueble pertenece al Ministerio de Trabajo y no sé si alguien tenga duda de esto. El ministerio le entregó (el espacio) a la Sunafil, que es un entidad adscrita al Estado, para que haga funciones públicas de fiscalización laboral y por eso tiene que estar allí. No entiendo cómo se pretende ingresar con una medida cautelar a un bien que es propiedad del ministerio", subrayó Maurate.
Conocida la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, el titular de la Sunafil, Carlos Benites, sostuvo que el Poder Judicial debe proceder al archivamiento de ese procedimiento.
"Creemos también que el presidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona, y la Oficina de Control de la Magistratura deben actuar en este caso", dijo en relación a la actitud de la jueza Sancarranco, encargada del caso.
ANDINA
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