Presentan querella contra presidente de Cataluña por "desobediencia"

La Fiscalía General del Estado español presentó este viernes una querella contra el presidente de la región de Cataluña, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta soberanista informal del pasado 9 de noviembre.

La querella, anunciada días atrás, fue formalizada este viernes y se dirige también contra la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos, dijeron a Efe fuentes de la Fiscalía General del Estado.

El 9 de noviembre unos 2,3 millones de residentes en Cataluña, (región de 7,5 millones de habitantes), participaron en una votación sin carácter vinculante acerca de la eventual soberanía del territorio catalán y que el Gobierno español considera ilegal.

El Ejecutivo central impugnó ante el Tribunal Constitucional tanto la consulta legal que las autoridades catalanas querían promover el 9N como la posterior iniciativa, considerada ya un proceso de participación para expresar el deseo de poder votar legalmente sobre la soberanía.

Dado que 2,3 millones de personas depositaron votos en urnas el pasado día 9, la Fiscalía ha procedido contra Artur Mas y dos de sus colaboradoras en el Gabinete regional.

Estas tres personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana un día después del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por las reticencias de los fiscales de Cataluña.

La Fiscalía Superior de Cataluña se mostró contraria a la presentación de la querella por estimar que por el momento no procedía iniciar acciones penales contra los responsables del proceso del 9 de noviembre.

La pretensión de los nacionalistas catalanes de poder votar legalmente sobre la eventual soberanía del territorio ocupa desde hace meses un lugar central en la política española y es rechazada por el Gobierno del PP (centroderecha) y por el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista), ya que ambos la consideran contraria a la Constitución.

EFE