Proyecto de Ley facilitará inscripción de desaparecidos por la violencia

Fue presentada por iniciativa del congresista José Urtquizo Maggia. La Comisión de Constitución y Reglamento, aprobó por mayoría el Proyecto de Ley Nº 603/2011, que modifica los artículos 44 y 45 de la Ley 26497 (Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), el Título III de la Ley 28413 (Ley que regula la ausencia por desaparición forzada) y el artículo 49 del Decreto Supremo 015-98-PCM, que aprueba el Reglamento de Inscripción en el RENIEC.

 El proyecto de Ley propone un procedimiento especial para facilitar la inscripción administrativa de ausencia por desaparición forzada ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), totalmente gratuita y sin la intervención de abogado. De este modo se sustituirá un engorroso trámite judicial por un procedimiento administrativo gratuito y simple que permitiría a los familiares de las víctimas de la violencia acceder a una reparación por la desaparición de sus seres queridos.
 
Para ello, el interesado deberá solicitar la respectiva constancia, a nombre de la persona desaparecida, al Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada (READF), a cargo de la Defensoría del Pueblo, y con ella solicitar su inscripción en el RENIEC.
 
De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un porcentaje importante de desaparecidos permanece en la incertidumbre debido a que están registradas como vivas en el RENIEC, por las dificultades que tienen los familiares de las víctimas para obtener el certificado de defunción e inscribir su desaparición y muerte, y a la imposibilidad de iniciar un costoso y complejo proceso judicial de ausencia o de muerte presunta.
 
Se informó que sólo podrá inscribir la ausencia por desaparición forzada el cónyuge o el conviviente; los ascendientes, descendientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, en cuyo caso el interés se presume; aquellos que tuvieren legítimo interés en la persona del ausente probarán su interés en la solicitud; el Ministerio Público, para los fines de defensa de la legalidad; la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Reparaciones.

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