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por Redacción RPP
·La inseguridad ciudadana se consolidó como una de las principales preocupaciones de los peruanos durante el 2024, marcada por el aumento de delitos como el sicariato y, especialmente, la extorsión. Esto llevó a los ciudadanos y a diversas organizaciones a movilizarse por las calles para exigir seguridad. Pero, ¿qué medidas aún faltan implementar para combatir este problema de manera más efectiva? En este informe, expertos y autoridades analizan el panorama y hacen propuestas.
En el país existe una constante sensación de inseguridad. El temor de caminar por las calles y ser interceptado por delincuentes, ser sorprendido por la detonación de un artefacto explosivo o viajar en un autobús y presenciar o sufrir un ataque armado se ha vuelto cotidiano. Esto ha llevado a la ciudadanía a movilizarse en las calles a exigir más seguridad a las autoridades.
“Nosotros caminamos levantando nuestra voz de protesta ante tanta muerte, tanto sicariato, tanta extorsión. Quiero como padre de familia que mis hijos caminen en paz. Subimos a un bus y no tenemos seguridad. Yo puedo subir a un bus y ¿qué me garantiza a mí, señorita? ¿qué me garantiza a mí? Que en el camino va a venir un extorsionador y nos va a matar a todos. Ya hasta dan miedo. Ya vivimos psicoseados nosotros", indicó un ciudadano.
En respuesta a las demandas de la población, el Gobierno fijó el estado de emergencia para algunos distritos de Lima y Callao, donde se registraban más actos criminales, primero por 60 días y luego por 45 días más.
El Rímac es uno de los distritos declarados en estado de emergencia por la inseguridad ciudadana. Su alcalde, Néstor de la Rosa, considera que dicha medida sí ha beneficiado a sus vecinos porque la incidencia de robos y hurtos disminuyó en un 28 %. Él considera que los gobiernos locales pueden apoyar a la seguridad, pero señaló que eso solo ocurrirá siempre que cuenten con el adecuado presupuesto.
“El estado de emergencia ha apoyado bastante, para que hay que reconocerlo: porque nosotros tenemos una variable muy importante, el presupuesto. Nosotros un distrito muy complicado a nivel presupuestal, capacidad para el sereno no tenemos. Hasta el día de hoy no recibimos un solo sol del Ejecutivo. Estamos a espera que Dios mediante llegue las primeras inversiones económicas para poder poner en práctica lo que nosotros hemos sido el año 2023. Hemos sido el único distrito en el país que ha desarrollado un plan integral de seguridad ciudadana de la mano con la tecnología”, sostuvo el burgomaestre.
En la región La Libertad, la segunda con mayor incidencia criminal, según datos que maneja la Policía, se reportan delitos similares al de otras ciudades pero con una particularidad: los extorsionadores obligan a sus víctimas a portar logotipos como prueba de que un negocio o transportista paga cupos a una banda criminal. Esta situación se ve agravada por la limitada presencia policial; la región cuenta, en promedio, con un agente por cada 467 habitantes.
El coronel de la Policía en situación de retiro, Roger Torres Mendoza, exjefe de la región policial La Libertad, señala que la minería ilegal es un problema crítico en este departamento, como en otras regiones del país. Según información policial, el año pasado se registraron 49 homicidios en la provincia de Pataz, varios de ellos vinculados directamente a esta actividad ilícita.
“De los 83 distritos que existen en la Libertad, 22 distritos no tienen comisaría. Entonces imagínense ustedes cuántos distritos están abandonados a su suerte por la zona. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que cuando usted llega desde Pataz hasta Trujillo, que son casi 16 horas de viaje, va a pasar por pueblos donde no hay comisaría, no hay ningún tipo de control. Entonces, ese es el grave problema. Si no existen comisarías en todos los distritos, se ha perdido la confianza ciudadana. Si no hay esa amalgama de instituciones como es la Fiscalía, Poder Judicial y otras, para poder luchar en forma conjunta, definitivamente los resultados no son los esperados”, refirió.
Se necesitan estrategias efectivas que ayuden a reducir el crimen
Frank Casas, especialista en temas de seguridad ciudadana, sostiene que para combatir la criminalidad de manera más efectiva es necesario implementar una estrategia focalizada en los delitos de mayor incidencia.
“El problema es que muchas de las medidas que está lanzando el Gobierno los orientan como si todos los delitos funcionaran de manera igual y respondiesen a las mismas causas. El punto de partida debe ser entender esta complejidad y, por lo tanto, la necesidad de plantear estrategias diversificadas, es decir, una estrategia para controlar el delito patrimonial, una estrategia antidrogas o economías ilegales, una estrategia contra las extorsiones”, explicó.
Según el Gobierno, las medidas implementadas, como la creación de un equipo especial de la Policía para investigar y recopilar denuncias de extorsión, así como la declaratoria de emergencia, han generado una reducción del 29 % en diversos delitos al comparar el periodo de enero a noviembre de 2023 con el mismo lapso de 2024, según datos del Observatorio de Denuncias en Comisarías del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta disminución no se refleja en la percepción de la ciudadanía el cual alcanzó el 86.1 %, durante el primer semestre del 2024, según el INEI.
Además de proporcionar el presupuesto adecuado y focalizar los esfuerzos en combatir la delincuencia, los especialistas coinciden en que, para ser efectivos, se deben implementar medidas clave, como el fortalecimiento de la fiscalización en la distribución de armas y explosivos, la reestructuración de la Policía Nacional y el repotenciamiento de la Dirección de Inteligencia Policial.
También destacaron la necesidad de que los tres poderes del Estado trabajen de manera articulada, asegurando que cada uno cumpla su rol para garantizar un enfoque integral en la lucha contra el crimen.
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La doctora July Caballero, médica psiquiatra y directora de salud mental del Minsa, afirmó que la inseguridad ciudadana puede afectar la salud de las personas y la salud mental también. Indicó que el estado de bienestar es un derecho universal y cuando no gozamos de eso presentamos problemas de salud mental como trastorno de depresión, ansiedad, consumo de drogas o psicosociales como violencia de género, bullying, etc. La especialista precisó que miedo, ansiedad, temor, frustración, cambios en la conducta, temor, aislamiento genera el entorno externo como la inseguridad ciudadana.
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