Para el rotativo, la iniciativa es parte de un ´creciente movimiento en esta región para crear alternativas a la guerra contra el narcotráfico encabezada por los EEUU´.
El diario The New York Times, criticó duramente la propuesta de Uruguay de legalizar la marihuana lo que la llevaría a convertira en una "república marihuanera".
Señalan que el gobierno de José Mujica podría "ensuciarse las manos con una cosecha mucho más complicada (que las tradicionales): la de marihuana". La producción agrícola del país charrúa incluye arroz, soja y trigo.
Para el rotativo, la iniciativa es parte de un "creciente movimiento en esta región para crear alternativas a la guerra contra el narcotráfico encabezada por los EEUU".
"Uruguay ha llevado la experimentación a otro nivel", asegura el diario, que además informa que "funcionarios de la ONU dicen que ningún otro país ha considerado seriamente un establecimiento legal manejado por el Estado sobre la marihuana o cualquier otra sustancia ilícita prohibida por las Naciones Unidas".
También señalan que, de concretarlo, "Uruguay se convertirá en la primera república marihuanera en el mundo", sumándose a Holanda, que desde 1976 liberó el consumo de marihuana oficialmente, y a Portugal que derogó todas las penas criminales por el uso de las drogas en 2001.
En Uruguay, "por el contrario, nacería una nueva industria manejada por el Estado, creada por burócratas gubernamentales convencidos de que la oposición a la marihuana es simplemente obsoleta", indica la publicación neoyorquina.
Alcances de la norma
La norma señala que el Estado se encargue de vender marihuana a los consumidores. El Gobierno estima que hay 150 mil fumadores que, después de registrarse en una base de datos, podrían comprar un tope de 30 gramos mensuales, lo que alcanza para unos 45 cigarrillos.
Se precisa que habrá un sistema digital y una huella química para rastrear la droga y evitar que sea revendida. Además, se calcula que el Estado produciría 45 mil kilos de cannabis al año en granjas especializadas. El precio incluiría impuestos que se destinarían a financiar políticas preventivas y de rehabilitación.
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