Si un ciudadano ofrece dinero a un policía para que no cumpla con su función será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años , de acuerdo a la normativa vigente, advirtió el Ministerio del Interior como parte de su campaña La integridad no se negocia.
El Decreto Legislativo 1351, publicado en enero de 2017, indica que el efectivo policial que pide, acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier otro beneficio para realizar u omitir una actividad en desacato de sus obligaciones, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años, más la inhabilitación en sus funciones entre seis y diez años.
Ya no podrán conducir. Si el acto de corrupción proviene del chofer del vehículo, se le impondrá una inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva, según sea la gravedad del caso, para obtener autorización para conducir.
