Marcos Fariña señaló que Lugo no lo haría pues no puede "estar pagando todas las pruebas y procesos" a los que sea sometido.
Fernando Lugo, presidente de Paraguay, no pagará por la prueba de ADN exigida ante la Justicia por una mujer que asegura que concibió un hijo suyo cuando aún se desempeñaba como obispo, afirmó su abogado Marcos Fariña.
Durante una entrevista concedida a la radio asuncena Ñandutí, Fariña precisó que la madre del pequeño, Benigna Leguizamón, debe cubrir los gastos que generen la prueba de ADN que pues ella la exigió el 22 de abril.
Luego añadió que Lugo no puede "estar pagando todas las pruebas y procesos" similares a los que sea sometido.
Lugo, quien reconoció en abril último como suyo a un niño de dos años, expresó el día 4 pasado en su descargo ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción y en donde Leguizamón lo denunció, que está dispuesto a someterse a la prueba de filiación para aclarar el hecho.
La mujer asegura que el segundo de sus cuatro hijos, Lucas Fernando, de seis años, que concibió en San Pedro, la región más pobre del país y donde el ahora jefe de Estado fue obispo poco más de una década, es fruto de una relación con Lugo.
El caso de Leguizamón se suma al reconocimiento legal realizado el 13 de abril último por el presidente del hijo que tuvo con Viviana Carrillo, Guillermo Armindo, nacido el 4 de mayo de 2007, cinco meses después de haber renunciado a su estado clerical, el 21 de diciembre de 2006, para lanzarse a la arena política.
Además, una tercera mujer, Hortensia Morán Amarilla, de 39 años, dijo ante periodistas el 22 de abril pasado que concibió otro pequeño del jefe de Estado, Juan Pablo, de un año, aunque, no obstante, sostuvo que no pretende demandar al gobernante.
Fariña aseveró además que Leguizamón busca dilatar el proceso, que, de acuerdo al abogado, forma parte de una campaña para dañar la imagen del jefe de Estado.
En ese sentido, el fiscal de San Pedro, Víctor Paredes, imputó en la víspera a los labradores Oscar Báez y Miguel Ozuna, quienes confesaron ante las autoridades que presuntamente fueron contratados por "personas influyentes" para transportar una carga de 3.000 kilos de marihuana cuya propiedad sería atribuida al mandatario y al gobernador de este departamento, José Ledesma, allegado de Lugo.
EFE
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