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por Redacción RPP
·La reacción de las organizaciones sociales de El Alto es una reacción natural, ante la ofensa, de Perú en contra de Bolivia, según funcionario.
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El gobierno de Bolivia anunció este martes que protegerá las oficinas diplomáticas de Perú, aunque calificó de "natural" la protesta de vecinos de la ciudad andina de El Alto contra un consulado, por la decisión de Lima de otorgar asilo político a tres ex ministros bolivianos.
"El Gobierno de Bolivia va a cumplir y va a honrar compromisos internacionales (...) en sentido de resguardar las instalaciones diplomáticas y obviamente garantizar la seguridad de ciudadanos extranjeros en nuestro país", dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti.
Organizaciones sindicales de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, protestaron la semana pasada contra el consulado peruano, por la decisión de la administración de Alan García de otorgar hace tres semanas asilo a los ex ministros bolivianos Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia.
Las ex autoridades están incluidas en un juicio que la Corte Suprema le sigue al ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, por delitos de lesa humanidad, por la matanza de más de 60 vecinos de El Alto en octubre de 2003, lo que provocó la caída del régimen.
Llorenti, sin embargo, consideró que "la reacción de las organizaciones sociales de El Alto (vecina de La Paz), es una reacción natural, ante la ofensa, ante el agravio, ante el acto hostil, protagonizado por el gobierno de Perú en contra de Bolivia".
El asilo peruano a las tres ex autoridades, quienes denunciaron la violación de sus derechos procesales, motivó la protesta del presidente Evo Morales, quien reclamó a Lima cesar con la medida e incluso amenazó con demandar a Perú ante la Corte Internacional de La Haya.
La revuelta en 2003 nació del rechazo popular a la intención de Sánchez de Lozada, quien partió hacia Estados Unidos con dos de sus colaboradores, de exportar gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos sin que se resolviera una añeja demanda para que Santiago devuelva a Bolivia su cualidad marítima. AFP
"El Gobierno de Bolivia va a cumplir y va a honrar compromisos internacionales (...) en sentido de resguardar las instalaciones diplomáticas y obviamente garantizar la seguridad de ciudadanos extranjeros en nuestro país", dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti.
Organizaciones sindicales de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, protestaron la semana pasada contra el consulado peruano, por la decisión de la administración de Alan García de otorgar hace tres semanas asilo a los ex ministros bolivianos Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia.
Las ex autoridades están incluidas en un juicio que la Corte Suprema le sigue al ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, por delitos de lesa humanidad, por la matanza de más de 60 vecinos de El Alto en octubre de 2003, lo que provocó la caída del régimen.
Llorenti, sin embargo, consideró que "la reacción de las organizaciones sociales de El Alto (vecina de La Paz), es una reacción natural, ante la ofensa, ante el agravio, ante el acto hostil, protagonizado por el gobierno de Perú en contra de Bolivia".
El asilo peruano a las tres ex autoridades, quienes denunciaron la violación de sus derechos procesales, motivó la protesta del presidente Evo Morales, quien reclamó a Lima cesar con la medida e incluso amenazó con demandar a Perú ante la Corte Internacional de La Haya.
La revuelta en 2003 nació del rechazo popular a la intención de Sánchez de Lozada, quien partió hacia Estados Unidos con dos de sus colaboradores, de exportar gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos sin que se resolviera una añeja demanda para que Santiago devuelva a Bolivia su cualidad marítima. AFP
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