Comienza batalla legal en contra de Ley antiimigrante de Arizona

Primera audiencia de una de las siete demandas entabladas a la cuestionada ley, comenzó con la de un policía hispano que se resiste a aplicar la norma.
Foto: EFE
La primera audiencia de una de las siete demandas que buscan impedir la entrada en vigor de la Ley antiinmigrante de Arizona SB1070 terminó hoy sin una decisión por parte de la juez federal, Susan Bolton.

Bajo una intensa seguridad, la batalla legal en contra de la Ley SB1070 comenzó con la presentación de los argumentos relacionados con la demanda entablada por David Salgado, un policía hispano con más de 19 años de experiencia en el Departamento de Policía de Phoenix y la organización Chicanos por la Causa.

La abogada de Salgado, Stephen Montoya, dijo a la juez Bolton que la Ley estatal SB1070 es anticonstitucional porque viola el derecho que tiene el Gobierno Federal de hacer cumplir las leyes de inmigración.

La letrada argumentó que cuando Salgado decidió ser policía nunca imaginó que se vería obligado a aplicar leyes de inmigración, algo que afectará su trabajo con la comunidad y que, en su opinión, causará prácticas de perfil racial en contra de la comunidad hispana.

Por su parte, John Bouman, uno de los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, argumentó que la demanda debe de ser rechazada ya que está basada en especulaciones.

Bouman consideró que el agente de policía no cuenta con un argumento válido de un daño inmediato a su persona.

"Arizona no tiene por qué sufrir por el sistema roto de la inmigración, cuando tiene 15.000 agentes de Policía que pueden arrestar inmigrantes indocumentados", dijo Bouman ante la Corte.

El abogado culpó al Gobierno federal por su fracaso en asegurar la frontera e indicó que la población de Arizona está pagando las consecuencias del incremento de la violencia generada por el tráfico de indocumentados.

Los representantes legales de Salgado indicaron que la puesta en marcha de la SB1070 obligará a los policías a utilizar el origen étnico de una persona como un factor para su detención, algo que refutaron los abogados del estado, asegurando que la nueva ley estatal prohíbe el uso del perfil racial.

Al término de la audiencia, Salgado dijo a Efe, que espera que la juez Bolton se dé cuenta del daño tan grande que puede causar a la comunidad si la SB1070 entra en vigor.

"Esta ley no es buena, no resuelve en nada el problema de la inmigración, sólo causará miedo entre una comunidad que no tendrá la confianza de llamar a la Policía cuando sean víctimas de un delito", argumentó el agente.

Tras conocer las versiones de ambas partes, Susan Bolton no estableció una fecha en la cual dará a conocer su decisión sobre este caso en particular.

El próximo 22 de julio, la misma juez federal escuchará los argumentos de otras dos demandas en contra de la SB1070, la presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y otra interpuesta por una coalición de organizaciones civiles, entre ellos Somos América y La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Mientras el primer caso en contra de la SB1070 se debatía en los tribunales, en el exterior de la Corte Federal de Phoenix se enfrentaban grupos a favor y en contra de esta ley, la primera en el país en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

La nueva norma, que entrará en vigor el próximo día 29, permite a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que se encuentra de manera ilegal en EE.UU. y convierte en un delito solicitar empleo en las calles.

También sanciona a los inmigrantes que no porten sus documentos migratorios en el momento de ser solicitados por las autoridades locales.

Tratando de impedir la entrada de vigor de esta legislación, los Gobiernos de México, Argentina y Ecuador presentaron ante la Corte Federal un documento legal conocido como "Amigos de la Corte" o "Amicus Curiae" en el que objetan sobre la ley estatal SB1070.

Por su parte, nueve estados incluyendo Michigan, Alabama, Florida, Nebraska, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas y Virginia presentaron un documento a favor de esta controvertida medida.

EFE