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por Redacción RPP
·La Corte considera inconstitucional el decreto firmado por Menem en 1990, lo que permitirá volver a juzgar a Videla por secuestro y desaparición de personas.
La Corte Suprema de Justicia argentina declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem al ex gobernante de facto Jorge Rafael Videla y al ministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz, informaron fuentes judiciales.
La Corte considera inconstitucional el decreto firmado por Menem en 1990, lo que permitirá a la Justicia volver a juzgar a Videla y al ex ministro por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio paso a la dictadura, el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim y la desaparición del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel.
El fallo del alto tribunal confirma decisiones judiciales anteriores y fue dictado en la causa que investiga el secuestro de los Gutheim, propietarios de una empresa algodonera que estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el gobierno de facto.
Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios que intentaron presionarlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura.
Tras su liberación, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
El fallo de la Corte no modifica la situación de Videla, condenado a cadena perpetua en 1985 por crímenes de lesa humanidad, después indultado por Menem y ahora detenido por un proceso de apropiación ilegal de bebés.
Videla y el dictador Reynaldo Bignone serán juzgados desde el próximo 20 de septiembre por la apropiación de 33 bebés durante el último gobierno de facto en el país (1976-1983), en el marco de una causa conocida como "Plan sistemático de robo de bebés".
La causa fue instruida por el juez federal Norberto Oyaribe, quien el año pasado ordenó que Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, cumpliera prisión preventiva en el penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, en vez de hacerlo en su domicilio.
Bignone, el último presidente del régimen militar, fue condenado la semana pasada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los denominados "años de plomo", que dejaron unos 30.000 desaparecidos.
Los organismos de derechos humanos aplaudieron el fallo y coincidieron en afirmar que "abre la puerta para llevar a juicio a civiles que participaron en la estructura del terrorismo de Estado", indicó a la prensa local la titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosemblum.
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, también mostró su "gran satisfacción" por el fallo de la Corte Suprema.
"De este modo cae finalmente la impunidad que rodeó durante décadas el accionar delictual del verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo" de 1976, señaló en declaraciones divulgadas por la Secretaría de Derechos Humanos. EFE
La Corte considera inconstitucional el decreto firmado por Menem en 1990, lo que permitirá a la Justicia volver a juzgar a Videla y al ex ministro por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio paso a la dictadura, el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim y la desaparición del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel.
El fallo del alto tribunal confirma decisiones judiciales anteriores y fue dictado en la causa que investiga el secuestro de los Gutheim, propietarios de una empresa algodonera que estuvieron presos cinco meses entre 1976 y 1977 como medida de presión para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el gobierno de facto.
Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios que intentaron presionarlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura.
Tras su liberación, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
El fallo de la Corte no modifica la situación de Videla, condenado a cadena perpetua en 1985 por crímenes de lesa humanidad, después indultado por Menem y ahora detenido por un proceso de apropiación ilegal de bebés.
Videla y el dictador Reynaldo Bignone serán juzgados desde el próximo 20 de septiembre por la apropiación de 33 bebés durante el último gobierno de facto en el país (1976-1983), en el marco de una causa conocida como "Plan sistemático de robo de bebés".
La causa fue instruida por el juez federal Norberto Oyaribe, quien el año pasado ordenó que Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, cumpliera prisión preventiva en el penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, en vez de hacerlo en su domicilio.
Bignone, el último presidente del régimen militar, fue condenado la semana pasada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en los denominados "años de plomo", que dejaron unos 30.000 desaparecidos.
Los organismos de derechos humanos aplaudieron el fallo y coincidieron en afirmar que "abre la puerta para llevar a juicio a civiles que participaron en la estructura del terrorismo de Estado", indicó a la prensa local la titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosemblum.
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, también mostró su "gran satisfacción" por el fallo de la Corte Suprema.
"De este modo cae finalmente la impunidad que rodeó durante décadas el accionar delictual del verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo" de 1976, señaló en declaraciones divulgadas por la Secretaría de Derechos Humanos. EFE
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