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por Redacción RPP
·Baltazar Garzón es el juez español más conocido internacionalmente después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) de España que instruye la querella contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1939-1975) ordenó hoy la apertura de juicio oral contra el juez.
La decisión del instructor, Luciano Varela, se produce un día después de que Garzón solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, su traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda).
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, quiere ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, durante siete meses.
El presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, enviará hoy mismo el auto de apertura de juicio oral al CGPJ, que debe decidir si suspende cautelarmente en un pleno a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española.
En su auto, Varela rebate el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad) carecen de legitimación procesal para sentar al juez en el banquillo.
A ese respecto, el TS confirmó hoy la expulsión de la formación ultraderechista Falange Española de las Jons (antaño fuerza ideóloga del franquismo) de la causa contra Garzón, por no atender a tiempo su requerimiento de corregir su escrito de acusación.
Tras dictar la apertura del juicio oral, se dará traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, incluido el abogado defensor de Garzón, quien tiene que presentar su escrito de defensa.
Las acusaciones populares han pedido al Tribunal Supremo una pena de 20 años de inhabilitación para Garzón.
El abogado del juez, Gonzalo Martín Fresneda, consideró hoy la decisión de Varela injusta y prematura desde el punto de vista procesal, ya que quedan varios recursos pendientes de resolver.
Por su parte, el representante de Manos Limpias, Miguel Bernard, mostró su satisfacción por el auto de Varela y tildó de "escandalosa" la "maniobra" de Garzón de pedir el traslado a la CPI.
Aparte del citado auto, Varela dictó hoy otro en el que desestima el recurso de Garzón contra la resolución que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias, con lo que anticipaba que le sentaría en el banquillo.
Frente a la alegación de Garzón de que la posición del magistrado del TS impone un riesgo para la independencia judicial, el instructor le recuerda que la libertad de decisión del juez "sólo tiene una sujeción insalvable: el imperio de la ley".
El pasado abril, Varela consideró que existía base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, pues ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977 al investigar las desapariciones ocurridas durante el franquismo.
Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El encausamiento de Baltasar Garzón, de 54 años, ha desatado una gran polémica entre sus partidarios y detractores en España.
Las voces más críticas con el Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la denuncia recalcan que la querella fue interpuesta inicialmente por el sindicato Manos Limpias y una organización como Falange Española de las Jons, tan vinculada al franquismo.
Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas relacionada con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
La tercera causa se refiere a la orden del juez de intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel", uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición. EFE
La decisión del instructor, Luciano Varela, se produce un día después de que Garzón solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, su traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda).
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, quiere ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, durante siete meses.
El presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, enviará hoy mismo el auto de apertura de juicio oral al CGPJ, que debe decidir si suspende cautelarmente en un pleno a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española.
En su auto, Varela rebate el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad) carecen de legitimación procesal para sentar al juez en el banquillo.
A ese respecto, el TS confirmó hoy la expulsión de la formación ultraderechista Falange Española de las Jons (antaño fuerza ideóloga del franquismo) de la causa contra Garzón, por no atender a tiempo su requerimiento de corregir su escrito de acusación.
Tras dictar la apertura del juicio oral, se dará traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, incluido el abogado defensor de Garzón, quien tiene que presentar su escrito de defensa.
Las acusaciones populares han pedido al Tribunal Supremo una pena de 20 años de inhabilitación para Garzón.
El abogado del juez, Gonzalo Martín Fresneda, consideró hoy la decisión de Varela injusta y prematura desde el punto de vista procesal, ya que quedan varios recursos pendientes de resolver.
Por su parte, el representante de Manos Limpias, Miguel Bernard, mostró su satisfacción por el auto de Varela y tildó de "escandalosa" la "maniobra" de Garzón de pedir el traslado a la CPI.
Aparte del citado auto, Varela dictó hoy otro en el que desestima el recurso de Garzón contra la resolución que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias, con lo que anticipaba que le sentaría en el banquillo.
Frente a la alegación de Garzón de que la posición del magistrado del TS impone un riesgo para la independencia judicial, el instructor le recuerda que la libertad de decisión del juez "sólo tiene una sujeción insalvable: el imperio de la ley".
El pasado abril, Varela consideró que existía base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, pues ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977 al investigar las desapariciones ocurridas durante el franquismo.
Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El encausamiento de Baltasar Garzón, de 54 años, ha desatado una gran polémica entre sus partidarios y detractores en España.
Las voces más críticas con el Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la denuncia recalcan que la querella fue interpuesta inicialmente por el sindicato Manos Limpias y una organización como Falange Española de las Jons, tan vinculada al franquismo.
Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas relacionada con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
La tercera causa se refiere a la orden del juez de intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel", uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición. EFE
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