El muro que separa Estados Unidos y México

Una intensa movilización se ha desatado en Arizona para pedir a la gobernadora Jan Brewer que vete una iniciativa que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y convierte a los policías locales en agentes de inmigración.

Grupos locales y nacionales buscan a través de vigilias, entrega de cartas y otras manifestaciones presionar a Brewer para que vete la iniciativa SB1070, aprobada ayer por el Senado estatal.

En la capital estatal, Phoenix, nueve estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y dos colegios comunitarios fueron arrestados hoy por conducta desordenada después de que se encadenaran a las puertas del antiguo Capitolio en señal de protesta.

Mientras que activistas encabezados por la Red de Acción Fronteriza y Reforma Migratoria para América se presentaron en las oficinas de Brewer en Phoenix para hacer entrega de 50.000 peticiones de residentes de Arizona pidiendo el veto a una ley que ha sido calificada como la "más severa" de su tipo en EE.UU.

En caso de ser ratificada, la medida convertiría a Arizona en el primer estado del país en criminalizar a los indocumentados, convirtiendo en un delito menor su sola presencia.

También otorgaría a los departamentos policíacos locales el poder de indagar el estatus migratorio de las personas y penalizaría a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado.

La oficina de Brewer también ha sido inundada con llamadas y correos electrónicos con la misma petición.

En Tucson, al sur del estado, alrededor de 250 estudiantes se concentraron en el centro de la ciudad para marchar hasta las oficinas de la mandataria republicana en esta localidad.

Alumnos del Colegio Comunitario Pima (PCC), la Universidad de Arizona (UA) y la escuela secundaria Tucson High marcharon vistiendo camisetas de color blanco en señal de paz y portando carteles en los que pedían el veto a la ley estatal, que aseguran convertiría a toda la comunidad hispana en blanco de detenciones basadas en su apariencia física.

"Aunque somos jóvenes nosotros también queremos expresar nuestra opinión y hacerle saber a la gobernadora que también tenemos el derecho al voto", dijo a Efe Elizabeth Canales, de 25 años y estudiante de la UA.

Indicó que la marcha fue un movimiento espontáneo de los estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos.

"Mis padres vivieron de El Salvador, yo nací en este país y me preocupa lo que pasa en nuestra comunidad", aseveró la joven, para quien esta iniciativa no resuelve el problema de la inmigración ilegal pero sí discrimina contra un segmento de la población.

"Estoy segura que van a comenzar a parar a todas las personas que parezcan latinos o mexicanos", enfatizó.

En la ciudad fronteriza de Nogales otros grupos, entre ellos Iniciativa Fronteriza Kino, Acción Fronteriza y Ángeles de la Frontera, comenzaron una campaña para informar a la comunidad sobre el impacto que tendrá esta propuesta de ley en esta región.

"La población fronteriza ha vivido por mucho tiempo los efectos de la militarización de la frontera, viviendo en un ambiente tenso y ahora esta iniciativa podría poner las cosas mucho peor", dijo a Efe el activista Ramón Flores.

Añadió que estos grupos también estarán informando a los visitantes mexicanos que diariamente cruzan la frontera para hacer sus compras en Arizona sobre esta legislación y sus posibles efectos.

La ley aprobada en Arizona también ha tenido repercusión en el Congreso de EE.UU.

Por ejemplo, el legislador demócrata Luis Gutiérrez, que ha criticado la presunta falta de liderazgo de la Casa Blanca en estas lides, pidió que Brewer vete la ley por su "impacto devastador" entre comunidades inmigrantes y en los ciudadanos y turistas en ese estado.

El también congresista demócrata Rául Grijalva (Arizona) vaticinó, por su parte, que esa ley "racista" será rechazada por los tribunales e instó a las organizaciones nacionales a que rechacen Arizona como destino de sus convenciones a menos que Brewer vete esa ley.

Por ley, Brewer tiene un plazo de cinco días desde su aprobación para firmar o vetar la medida.

EFE