La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inválida la modificación del acuerdo de extradición con nuestro país por vicios en su trámite legislativo.
La petición hace parte del trámite de revisión constitucional por parte del Senado de una ley que aprobó en enero pasado un cambio al Convenio Bolivariano de Extradición, que data de 1911 y regula la entrega de presuntos criminales entre ambos países.
Ordóñez considera que el trámite de esa ley "se encuentra viciado de inconstitucionalidad, no subsanable, en los dos debates que se debían surtir en el Senado".
Ordóñez advirtió una "violación a la prohibición de votar un proyecto de Ley en sesión diferente a aquella para la cual fue anunciado", lo que implica "la invalidez de la aprobación en ese caso", según consta en la Constitución colombiana.
El procurador general explicó que la "vulneración al requisito constitucional" se presentó en un comité y en una sesión plenaria de la cámara alta por distintas irregularidades en fechas de citaciones y en la falta de quórum para su aprobación.
Pese a todo ello, Ordóñez concluyó que "si la Corte Constitucional logra determinar que no se rompió la cadena de anuncios tanto en la Comisión Segunda del Senado como en Plenaria del Senado, se entenderá que no existe este vicio".
Actualmente la cooperación penal entre el Perú y Colombia se sustenta en dos instrumentos jurídicos: el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito en Lima el 12 de julio de 1994 y vigente desde el 13 de noviembre de 1999, y el Convenio Bolivariano de Extradición de 1911.
La modificación de este convenio cuyo trámite ha sido recurrido por Órdoñez fue suscrita entre ambos países en 2004.
-EFE-
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