Ecuador se sumó ´a las múltiples voces de rechazo que se elevan en el mundo frente a la ley que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona.
El Gobierno de Ecuador condenó la ley promulgada el pasado viernes en el estado de Arizona (EE.UU.) que criminaliza la inmigración ilegal, a la que calificó de "atentatoria a los derechos humanos básicos, a la integridad y a la dignidad" de los migrantes.
En un comunicado, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) recogió las palabras de su titular, Lorena Escudero, y su rechazo a "la criminalización de las personas migrantes" que, a su juicio, supone la ley.
"Con la aplicación de esta ley se puede detener a las personas, de manera discrecional, por consideraciones raciales, étnicas y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de "duda razonable"", señala el texto.
Según la funcionaria ecuatoriana los efectos de la nueva ley en Arizona "podrían ser la legitimización de las actitudes racistas en la sociedad de destino (Estados Unidos) y el riesgo latente de violencia por odio racial".
Además, señaló que la ley y sus sanciones impiden "el ejercicio de la solidaridad" de los habitantes de Arizona con "seres humanos de otras latitudes".
Por ello, Ecuador se sumó "a las múltiples voces de rechazo que se elevan en el mundo frente a esta medida", indica el texto.
Asimismo, anunció que el Gobierno ecuatoriano propondrá que se trate el tema en la agenda del diálogo entre la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Gobierno de EE.UU. que se prevé para los próximos meses.
La queja de Ecuador se une a la de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador que reaccionaron al unísono contra la nueva ley de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Dicha ley convierte en delito menor la presencia ilegal en el estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país.
Se estima que en Arizona viven más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin papeles. EFE
En un comunicado, la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) recogió las palabras de su titular, Lorena Escudero, y su rechazo a "la criminalización de las personas migrantes" que, a su juicio, supone la ley.
"Con la aplicación de esta ley se puede detener a las personas, de manera discrecional, por consideraciones raciales, étnicas y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de "duda razonable"", señala el texto.
Según la funcionaria ecuatoriana los efectos de la nueva ley en Arizona "podrían ser la legitimización de las actitudes racistas en la sociedad de destino (Estados Unidos) y el riesgo latente de violencia por odio racial".
Además, señaló que la ley y sus sanciones impiden "el ejercicio de la solidaridad" de los habitantes de Arizona con "seres humanos de otras latitudes".
Por ello, Ecuador se sumó "a las múltiples voces de rechazo que se elevan en el mundo frente a esta medida", indica el texto.
Asimismo, anunció que el Gobierno ecuatoriano propondrá que se trate el tema en la agenda del diálogo entre la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Gobierno de EE.UU. que se prevé para los próximos meses.
La queja de Ecuador se une a la de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador que reaccionaron al unísono contra la nueva ley de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Dicha ley convierte en delito menor la presencia ilegal en el estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país.
Se estima que en Arizona viven más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin papeles. EFE
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