Gobierno de Ecuador y periodistas se enfrentan por libertad de prensa

El Gobierno de Ecuador defendió el martes la libertad de prensa en su país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia en la que grupos de periodistas denunciaron presión por parte del Ejecutivo, "estigmatización" y ataques "sistemáticos".

En una intensa audiencia en Washington, que fue seguida por numerosos medios de comunicación, ambas partes defendieron sus posturas sin llegar a un acuerdo, con el compromiso de entregar a la Comisión información ampliada sobre el asunto.

Periodistas

El director ejecutivo de Fundamedios, Cesar Ricaute, el director de Proyectos-Fundamedios, Mauricio Alarcón, y el periodista Juan Carlos Calderón tomaron la palabra en nombre de varias organizaciones para denunciar los "sistemáticos ataques a las libertades de expresión, prensa y asociación".

Ricaute señaló que el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de eliminar los delitos de opinión y contra la honra de los funcionarios públicos y ha utilizado esas figuras penales "antidemocráticas" para enjuiciar a periodistas y medios.

Los periodistas hicieron referencia al caso de Emilio Palacio, columnista de El Universo, y de los directivos del diario, sobre quienes pesa una sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de dólares por una demanda interpuesta por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por una columna que consideró injuriosa.

En los próximos meses también se juzgará una demanda presentada por Correa contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", que recoge declaraciones del hermano del presidente, Fabricio Correa, en las que dice que el mandatario sabía de los contratos que él tenía con el Estado, algo que Correa niega y por lo que reclama 10 millones de dólares por daño moral.

Los periodistas señalaron que actualmente hay 20 procesos legales en contra de profesionales del sector y consideraron que, si no es posible debatir sobre los contratos de su hermano o la sublevación policial del 30 de septiembre, a la que hacía referencia la columna de Palacio, no se puede decir "que se vive una democracia plena".

Asimismo, denunciaron las agresiones contra 428 periodistas, a lo que aseguraron que ha contribuido el discurso del Gobierno de que "los medios y periodistas críticos son los más grandes enemigos de la revolución ciudadana".

Por su parte, Alarcón habló de normas como La Ley Orgánica de Comunicación, "con atribuciones poco claras y potestad de sancionar a medios y periodistas a través de procedimientos especiales", o la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, "que otorga una serie de privilegios a las empresas públicas de comunicación".

Sostuvo que son una "muestra de la voluntad del Gobierno de restringir derechos y libertades de los ciudadanos".

Gobierno de Ecuador

La delegación ecuatoriana, que encabezaron el canciller, Ricardo Patiño, el procurador general, Diego García, y la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, aseguró que el Estado ha garantizado el derecho a la libertad de expresión como "derecho colectivo y fundamental para el ejercicio de la democracia en condiciones de igualdad".

El Estado ecuatoriano "se ha preocupado intensamente de respetar y promover los derechos humanos y particularmente el de libertad de expresión", dijo el canciller. "Ecuador defiende a todos los ciudadanos, independientemente de la presión y los intereses de grandes empresas a las que veladamente representan aquí", añadió.

Patiño afirmó que su Gobierno ha emprendido una "política irreconciliable" contra el sector privado y acusó a "ciertos grupos de poder" de iniciar una "ofensiva" mediática, política y económica para "persuadir de que los cambios en la estructura de medios de comunicación son vulneraciones a la libertad de expresión".

Los peticionarios solicitaron que la CIDH realice una visita "in loco" para constatar la situación de los derechos y libertades, que haga un "seguimiento permanente" sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador y elabore un informe con recomendaciones.

Además, pidieron que se tenga "especial atención" a las peticiones de medidas cautelares y que exhorte al presidente y sus ministros a desistir de los procesos contra periodistas y medios, así como a retirar el proyecto de Código Penal entregado a la Asamblea Nacional.

Patiño señaló que la invitación a la CIDH está cursada desde 2008 y subrayó que "no es el Gobierno de Ecuador, son las personas que demandan a las personas".

"Todos los ecuatorianos estamos en condiciones de que nos enjuicien cuando incumplimos la ley", enfatizó.

EFE