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por Redacción RPP
·La defensa legal del magistrado español señala que no constituye delito que Garzón se haya declarado competente para investigar crímenes del franquismo (1939-1975).
El juez Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo (TS) de España que le absuelva en la causa abierta contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1939-1975).
Así lo indica su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó este jueves en el Alto Tribunal, de 139 folios y divulgado hoy, en el que señala que no constituye delito el comportamiento de Garzón, que ganó notoriedad internacional cuando ordenó en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
Martínez-Fresneda se apoya en la llamada "doctrina Botín", adoptada por el TS en 2008, que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.
La Fiscalía también ha reclamado al TS la absolución de Garzón, mientras el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que ejercen la acusación, piden 20 años de inhabilitación por presunta prevaricación del juez.
El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes en el franquismo (1939-1975), ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles) suspendiera a Garzón cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional española.
Después, el CGPJ autorizó a Garzón a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda) para ocupar en los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.
La defensa subraya que las dos entidades acusadoras "no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen", y recuerda que la Fiscalía pidió archivar la causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar a la apertura del juicio.
Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya que, según su abogado, Varela requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.
La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación, porque cree que Manos Limpias optó "por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor".
El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional", y no ha sido cuestionada por "ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones".
Como pruebas para el juicio, el abogado pide la declaración de varios testigos y de expertos internacionales como la ex fiscal de la CPI Carla del Ponte y el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet, entre otros.
Los hechos por los que el Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El magistrado Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977. EFE
Así lo indica su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó este jueves en el Alto Tribunal, de 139 folios y divulgado hoy, en el que señala que no constituye delito el comportamiento de Garzón, que ganó notoriedad internacional cuando ordenó en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
Martínez-Fresneda se apoya en la llamada "doctrina Botín", adoptada por el TS en 2008, que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.
La Fiscalía también ha reclamado al TS la absolución de Garzón, mientras el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que ejercen la acusación, piden 20 años de inhabilitación por presunta prevaricación del juez.
El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes en el franquismo (1939-1975), ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles) suspendiera a Garzón cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional española.
Después, el CGPJ autorizó a Garzón a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda) para ocupar en los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.
La defensa subraya que las dos entidades acusadoras "no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen", y recuerda que la Fiscalía pidió archivar la causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar a la apertura del juicio.
Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya que, según su abogado, Varela requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.
La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación, porque cree que Manos Limpias optó "por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor".
El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional", y no ha sido cuestionada por "ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones".
Como pruebas para el juicio, el abogado pide la declaración de varios testigos y de expertos internacionales como la ex fiscal de la CPI Carla del Ponte y el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet, entre otros.
Los hechos por los que el Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
El magistrado Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977. EFE
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