Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor prevista para el próximo 29 de julio, hasta que se terminen los trámites judiciales.
La jueza federal de Arizona que debe decidir sobre si la llamada "ley de Arizona" sobre Inmigración usurpa la autoridad del Gobierno de EE.UU. en materia migratoria, escucha hoy los argumentos gubernamentales en contra de la ley.
La juez, Susan Bolton, verá esta tarde la demanda interpuesta por el Gobierno contra esta ley antiinmigrante, que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas.
El Gobierno de EE.UU. defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.
Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor prevista para el próximo 29 de julio, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.
La demanda gubernamental se suma a otra media docena de acciones legales ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el departamento de Justicia es que la norma, que está previsto que entre en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.
El Gobierno alertó de que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal".
Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
La ley de Arizona en cuestión convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
El presidente de EE.UU., Barack Obama ha dicho que la ley está "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes, argumentos que coinciden con los de los grupos de defensa de los derechos civiles. EFE
La juez, Susan Bolton, verá esta tarde la demanda interpuesta por el Gobierno contra esta ley antiinmigrante, que permite a la policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas.
El Gobierno de EE.UU. defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.
Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor prevista para el próximo 29 de julio, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.
La demanda gubernamental se suma a otra media docena de acciones legales ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el departamento de Justicia es que la norma, que está previsto que entre en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.
El Gobierno alertó de que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal".
Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
La ley de Arizona en cuestión convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
El presidente de EE.UU., Barack Obama ha dicho que la ley está "mal concebida" y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes, argumentos que coinciden con los de los grupos de defensa de los derechos civiles. EFE
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