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por Redacción RPP
·La jueza federal Susan Bolton expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de ´torpe´ el lenguaje de la ley.
Una jueza federal de Phoenix, que escuchó a partidarios y adversarios de la polémica ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona, expresó dudas sobre la constitucionalidad de la norma prevista para entrar en vigor el 29 de julio.
La jueza Susan Bolton escuchó a los abogados de todas las partes en una audiencia donde la defensa de la Casa Blanca argumentó que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.
La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de "torpe" el lenguaje de la ley.
Bolton no tiene previsto ninguna audiencia antes del 29 de julio, cuando debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.
La gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer, emitió un comunicado luego de asistir a la audiencia en la tarde.
"Es evidente que la jueza Bolton comprende bien las cuestiones importantes que está examinando hoy", señaló el texto.
"Creo eso, (la argumentación del estado) fue una presentación bien preparada en la dirección que queremos tomar para nuestro estado y para los ciudadanos de Arizona", agregó.
La jueza Bolton consultó al abogado de Brewer, John Bouma, sobre la parte de la ley que según los adversarios puede prestarse a que la policía interrogue a cualquier ciudadano de apariencia hispana.
"No está basado en la realidad", dijo Bouma.
"Si vamos a pedir identificación a cada quien que parezca hispano, eso sería imposible", respondió el letrado, quien reiteró que la policía está preparada para evitar discriminación racial.
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O"Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el estado y con importante respaldo en el país.
Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly House, dijo en la corte: "Lo que está hoy pasando aquí tendrá un enorme impacto en todo nuestro país, pero la historia está de nuestro lado".
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona el pasado 23 de abril tras su votación en el Congreso estatal, declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos.
La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
Nina Perales, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la demanda de ellos tiene como "único objetivo bloquear la aplicación de la medida".
Los adversarios a la ley anunciaron una serie de manifestaciones la próxima semana si la ley llega a entrar en vigor.
La semana pasada la jueza Bolton había escuchado a los abogados de la gobernadora de Arizona, que pidieron a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, el abandono de su demanda contra la ley, en la que alega que los oficiales tendrán dificultades para interpretarla.
En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% son de origen extranjero.
El estado cuenta con unos 460.000 son indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.
La mitad de los estadounidenses cree que su gobierno debería concentrarse en detener la inmigración ilegal, mientras que 45% prefiere un plan para resolver la situación de los indocumentados ya en el país, según un sondeo de principios de julio de la firma Gallup.
El presidente Barack Obama defiende la necesidad de una reforma integral que resuelva la situación de esos inmigrantes sin papeles, que al mismo tiempo fije nuevas condiciones para el ingreso de personas al país.
AFP
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