Grupos conservacionistas afirman que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene dos misiones contradictorias: proteger los fondos marinos de altamar y organizar al mismo tiempo la extracción de recursos de los fondos oceánicos.
La perspectiva de explotar a gran escala las profundidades del océano Pacífico para extraer minerales, que parecía lejana, se tornó real y ahora enciende las alarmas entre los defensores de los océanos.
"Creo que se trata de un riesgo real e inminente", declaró a la AFP Emma Wilson, de la Deep Sea Conservation Coalition, una organización que agrupa a grupos ecologistas y organismos científicos.
"Hay muchos interesados que están advirtiendo sobre importantes riesgos medioambientales".
Y aunque es posible que el tratado para proteger la altamar se apruebe tras las negociaciones arrancan el lunes, es poco probable que reduzca los riesgos a corto plazo, pues no regirá de inmediato y tendrá que llegar a un acuerdo con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM).
Esta agencia de la ONU con 167 países miembros tiene autoridad sobre los fondos oceánicos fuera de las zonas económicas exclusivas de los Estados miembro, que se extienden hasta 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, desde las costas.
Pero grupos conservacionistas afirman que la AIFM tiene dos misiones contradictorias: proteger los fondos marinos de altamar y organizar al mismo tiempo la extracción de recursos de los fondos oceánicos.
Por ahora, unos 30 centros de investigación y empresas han recibido autorización para explorar -pero no explotar- algunas zonas limitadas.
En teoría, las actividades extractivas no deberían comenzar antes de que los negociadores aprueben un código minero, que se debate desde hace casi una década.
Haciendo olas
Pero Nauru, una pequeña nación insular del Pacífico, impaciente por la lentitud de los avances, causó impacto en junio de 2021 al invocar una cláusula que le permite exigir la adopción de las normas pertinentes en un plazo de dos años.
Cumplido ese plazo, el gobierno podría solicitar un contrato minero para Nori (Nauru Ocean Resources), filial de la canadiense The Metals Company.
Nauru ofreció lo que llamó una promesa de "buena fe" de esperar hasta después de una asamblea AIFM en julio, con la esperanza de que se adopte un código minero.
"Lo único que necesitamos son normas y reglamentos", declaró a la AFP Margo Deiye, embajadora de Nauru ante la AIFM.
Pero es "muy improbable" que se acuerde un código antes de julio, dijo Pradeep Singh, experto en derecho marítimo del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad, en Potsdam (Alemania).
"Hay demasiados puntos en la lista que precisan ser resueltos", dijo a la AFP. Esos puntos incluyen el altamente contencioso asunto de cómo compartir las ganancias contenidas en altamar y cómo medir el impacto ambiental.
Oenegés temen que Nori obtenga un contrato minero sin las protecciones de un código minero.
Grupos conservacionistas se quejan de que los procedimientos de la AIFM son "oscuros" y su dirección "favorable a la extracción".
Esas acusaciones "no tienen ningún fundamento", dijo el secretario general de la AIFM, Michael Lodge.
Los contratos son otorgados por el consejo de la agencia, no por su secretariado.
"Esta es la única industria... que ha sido completamente regulada antes de empezar", dijo, añadiendo que la razón por la que no hay minería submarina "en ningún lugar del mundo ahora mismo es por la existencia de la AIFM".
Objetivo: 2024
Sin embargo, The Metals Company se prepara.
"Estaremos listos, y apuntamos a estar produciendo para finales de 2024", dijo a la AFP Gerard Barron, director ejecutivo de la empresa.
Aseguró que la compañía planea recolectar 1,3 millones de toneladas de material en su primer año y hasta 12 millones para 2028, "con el menor impacto posible".
Barron afirma que toneladas de nódulos polimetálicos ricos en minerales como el manganeso, niquel, cobalto, cobre y tierras raras, que se han depositado en el suelo oceánico con el paso de los siglos, podrían ser fácilmente recuperados.
En particular en la llamada Zona de Fractura de Clipperton, en donde Nori condujo pruebas "históricas" a finales de 2022, a una profundidad de cuatro kilómetros.
Pero Jessica Battle, del grupo de conservación de WWF, asegura que no es tan sencillo. Las compañías podrían, por ejemplo, succionar materia a varios metros de profundidad, y no simplemente de la superficie del lecho marino.
"Es un verdadero problema abrir una nueva frontera extractiva en un lugar del que se sabe tan poco, sin regulaciones", dijo a la AFP. "Sería desastroso".
Científicos y activistas afirman que la minería podría destrozar hábitats y especies, algunos de ellos aún desconocidos, pero posiblemente cruciales para las cadenas alimenticias; afectar la capacidad del océano para absorber el dióxido de carbono; y generar ruidos que perturben la capacidad de las ballenas para comunicar entre sí.
Moratoria
"El océano profundo es la parte menos conocida del océano", dice la bióloga Lisa Levin, del Instituto Oceanográfico Scripps. "Así que el cambio podría ocurrir sin que nadie lo viera nunca".
Levin ha firmado una petición que solicita imponer una moratoria a la minería. Algunas compañías y alrededor una docena de países respaldan la petición, incluyendo Francia y Chile.
Con su eslogan "Una batería en una roca", The Metals Company enfatiza las necesidades que tiene el mundo de metales útiles para las baterías de vehículos eléctricos, lo mismo que Nauru.
Pero, aunque los países insulares se encuentran entre los primeros en sufrir el impacto del calentamiento global, Nauru dice que no puede esperar para siempre los fondos prometidos por los países ricos para ayudarle a adaptarse a esos impactos.
"Nos cansamos de esperar", dice Deiye, la embajadora de Nauru.
Según Lodge, hay que relativizar los argumentos contra la extracción. Del 54% de los fondos marinos bajo jurisdicción de la AIFM, dijo, "menos de 0,5% está bajo exploración... y de ese 0,5%, menos de 1% tiene probabilidades de ser explotado alguna vez".
(Con información de AFP)
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