Con esta medida se busca frenar la extorsión telefónica y secuestros ´virtuales´.
Con base en documentos oficiales, se afirma que este número de cárceles alberga al 75 por ciento de los presos del país y que desde allí se cometen vía telefónica extorsiones y secuestros virtuales (llamar a un familiar de alguien fingiendo que éste ha sido secuestrado).
La medida se incluye en un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que destaca que cerca de un tercio de los inhibidores serán instalados por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y el resto por los gobiernos estatales.
De acuerdo con un experto citado por el diario, el 85 por ciento de los teléfonos móviles que se introducen en las prisiones se hace por medio de los guardias y el resto por visitantes con aval de las autoridades.
Ello propicia un mercado negro en el que los guardias venden los teléfonos a los internos (por hasta 2.000 pesos, unos 153 dólares) y les cobran una cantidad mensual (de hasta 1.000 pesos, unos 76 dólares).
En abril entró en vigor la obligatoriedad de registro de líneas móviles para intentar frenar los delitos cometidos por este medio desde las cárceles y ubicar a sus responsables.
La mayor parte de las extorsiones y secuestros virtuales hechos por teléfono tienen lugar en el Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México.
En 2005 la capital mexicana intentó bloquear con tecnología la señales de teléfono celular en sus reclusorios, pero no tuvo éxito.
-EFE
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