El tribunal admitió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un colectivo de abogados que alega que el acuerdo, que según Bogotá y Washington permitirá combatir el narcotráfico y el terrorismo en Colombia, fue aprobado en octubre de 2009 de manera "ilegal" por cuanto no fue discutido en el Congreso.
El colectivo de abogados "José Alvear Restrepo" asegura que el convenio debió ser discutido previamente por los legisladores colombianos, al tratarse "de la presencia de tropas extranjeras en el país".
Los demandantes también acusan al gobierno del presidente Álvaro Uribe de ignorar el punto de vista del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, conocido en Colombia como el Consejo de Estado, que le recomendó llevar el acuerdo al Congreso antes de firmarlo con Washington.
El gobierno, que consideró que la opinión del Consejo de Estado no es vinculante, alega que no presentó el acuerdo al Parlamento porque no es un "nuevo tratado" con EEUU, sino de la "extensión" de los acuerdos suscritos por ambos países desde 1974, según fuentes oficiales.
La Corte Constitucional remitió la demanda al Procurador General colombiano, Alejandro Ordónez, quien deberá emitir una opinión como jefe del Ministerio Público y el funcionario a cargo de la vigilancia administrativa de
los funcionarios del Estado, informó la fuente que pidió no ser identificada.
AFP
