Estás escuchando
En vivo
por Redacción RPP
·Pese a la suspensión de algunas partes de la cotrovertida ley, organizaciones civiles y autoridades mexicanas se preparan para una ola de deportaciones.
La suspensión de partes de una ley de Arizona (Estados Unidos) que criminaliza a los migrantes no ha conseguido calmar la inquietud de organizaciones civiles y autoridades del estado mexicano fronterizo de Sonora, que siguen temiendo una ola de deportaciones.
"Estamos preparados para recibir a 350 personas en el albergue y hemos establecido contacto con empresas de transporte para poder trasladar rápidamente a las personas a sus ciudades de origen a bajo precio", dijo a la AFP Francisco Luvreiro, director del albergue Juan Bosco, en Nogales, la mayor ciudad mexicana en la frontera con Arizona.
En esta ciudad de más de 200.000 habitantes y vecina de una población homónima estadounidense, confluyen los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y los deportados por autoridades migratorias de ese país.
Este miércoles una jueza estadounidense suspendió la aplicación de las disposiciones más polémicas de la ley SB 1070, promulgada en abril pasado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y en especial aquella que obliga a la policía estatal a identificar y detener personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser inmigrantes ilegales.
La medida fue celebrada por la cancillería mexicana, que junto a otros diez países de América Latina se ha convertido en parte interesada en las demandas iniciadas en Estados Unidos contra esa ley.
"Es un primer paso en la dirección correcta", dijo la canciller Patricia Espinosa a la prensa en la capital mexicana, aunque aclaró que su país seguirá pendiente del proceso judicial "hasta que se produzca la declaración de una inconstitucionalidad".
Pero en Nogales, la decisión de la jueza no interrumpió los preparativos tanto de autoridades como de organizaciones sociales que temen un aumento de las deportaciones desde Estados Unidos.
"Nadie está seguro de la magnitud, hay muchas posibilidades, muchos mexicanos, vamos a estar preparados todos", dijo el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien viajó este martes a Nogales para supervisar las acciones de prevención de un retorno masivo.
En la garita de Puerta Mexicana, donde hay filas de un kilómetro para pasar a Estados Unidos, incluso aquellos mexicanos que tienen sus papeles en regla no dejan de sentir temor.
"No está bien que cualquiera te pida explicaciones en la calle", dice mientras espera Jazmín Figueroa, 32 años, comerciante y madre de cuatro hijos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos.
"Esa ley no está bien, uno no puede ir a visitar a la familia o de compras con tranquilidad", añade.
"Tengo dos hijos que nacieron allá y tengo parientes allá y voy por lo menos dos veces a la semana a hacer el mandado (compras)", añadió Figueroa.
El flujo de deportados ha disminuido en las últimas semanas, lo mismo que el de migrantes que hacen en Nogales su última escala antes de aventurarse a iniciar el peligroso paso por el desierto hacia el país vecino.
"Ayer sólo llegaron 10 salvadoreños y en el albergue ahora sólo hay unos 40", precisó Luvreiro, quien explicó que sin embargo mantienen listo un plan de contingencia por si se desborda la capacidad del local.
La suspensión de partes de la ley ordenada este miércoles es apenas un paliativo, opinó en entrevista telefónica María García, asesora de Atención a Migrantes en el gobierno de la capital mexicana.
"El golpe está dado", dijo García, señalando que el sólo anuncio de la ley ha propagado el temor entre las familias que viven sin documentos en Estados Unidos, donde hay cerca de 12 millones de mexicanos, la mitad de ellos "sin papeles".
La ley adoptada en Arizona, aunque criticada internacionalmente, es vista con buenos ojos en otros estados como Florida, Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia y Texas, según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
AFP
"Estamos preparados para recibir a 350 personas en el albergue y hemos establecido contacto con empresas de transporte para poder trasladar rápidamente a las personas a sus ciudades de origen a bajo precio", dijo a la AFP Francisco Luvreiro, director del albergue Juan Bosco, en Nogales, la mayor ciudad mexicana en la frontera con Arizona.
En esta ciudad de más de 200.000 habitantes y vecina de una población homónima estadounidense, confluyen los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y los deportados por autoridades migratorias de ese país.
Este miércoles una jueza estadounidense suspendió la aplicación de las disposiciones más polémicas de la ley SB 1070, promulgada en abril pasado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y en especial aquella que obliga a la policía estatal a identificar y detener personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser inmigrantes ilegales.
La medida fue celebrada por la cancillería mexicana, que junto a otros diez países de América Latina se ha convertido en parte interesada en las demandas iniciadas en Estados Unidos contra esa ley.
"Es un primer paso en la dirección correcta", dijo la canciller Patricia Espinosa a la prensa en la capital mexicana, aunque aclaró que su país seguirá pendiente del proceso judicial "hasta que se produzca la declaración de una inconstitucionalidad".
Pero en Nogales, la decisión de la jueza no interrumpió los preparativos tanto de autoridades como de organizaciones sociales que temen un aumento de las deportaciones desde Estados Unidos.
"Nadie está seguro de la magnitud, hay muchas posibilidades, muchos mexicanos, vamos a estar preparados todos", dijo el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien viajó este martes a Nogales para supervisar las acciones de prevención de un retorno masivo.
En la garita de Puerta Mexicana, donde hay filas de un kilómetro para pasar a Estados Unidos, incluso aquellos mexicanos que tienen sus papeles en regla no dejan de sentir temor.
"No está bien que cualquiera te pida explicaciones en la calle", dice mientras espera Jazmín Figueroa, 32 años, comerciante y madre de cuatro hijos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos.
"Esa ley no está bien, uno no puede ir a visitar a la familia o de compras con tranquilidad", añade.
"Tengo dos hijos que nacieron allá y tengo parientes allá y voy por lo menos dos veces a la semana a hacer el mandado (compras)", añadió Figueroa.
El flujo de deportados ha disminuido en las últimas semanas, lo mismo que el de migrantes que hacen en Nogales su última escala antes de aventurarse a iniciar el peligroso paso por el desierto hacia el país vecino.
"Ayer sólo llegaron 10 salvadoreños y en el albergue ahora sólo hay unos 40", precisó Luvreiro, quien explicó que sin embargo mantienen listo un plan de contingencia por si se desborda la capacidad del local.
La suspensión de partes de la ley ordenada este miércoles es apenas un paliativo, opinó en entrevista telefónica María García, asesora de Atención a Migrantes en el gobierno de la capital mexicana.
"El golpe está dado", dijo García, señalando que el sólo anuncio de la ley ha propagado el temor entre las familias que viven sin documentos en Estados Unidos, donde hay cerca de 12 millones de mexicanos, la mitad de ellos "sin papeles".
La ley adoptada en Arizona, aunque criticada internacionalmente, es vista con buenos ojos en otros estados como Florida, Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia y Texas, según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
AFP
Comparte esta noticia
![¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO]](https://e.rpp-noticias.io/small/2024/01/04/mmd-vd-20240104-clj-usa-justiciacriminalidad-349g2vy-es-1520871mp4_1520872.webp)
