Un peruano entre los 700 condenados a morir en la horca en Malasia

La muerte en la horca es la pena que aguardan 702 personas encarceladas en Malasia y la mayoría de ellas por narcotráfico, delito por el que de año en año aumenta en el país asiático el número de condenas que acarrean ceñir la soga al cuello.

El peruano Reyes Amisifuén Tello, de 32 años, que fue detenido en mayo de 2007 con poco más de un kilo de cocaína, es uno de entre el total de 68 reos que en 2009 fueron condenados a la pena capital por un tribunal de Malasia.

Esa cifra de personas condenadas a morir en el patíbulo casi se duplicó el pasado año a raíz de que el Alto Tribunal de Kuala Lumpur, que es el único competente en casos en los que fiscalía pide la máxima pena, dictara nada menos que 114 condenas capitales, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

"Esto significa que cada semana se le comunica a alguien que será colgado hasta que muera", apunta un activista de la representación que Amnistía Internacional (AI) tiene en Malasia.

La mayor parte de los condenados a muerte pasan por el presidio de Sungai Buloh, situado a las afueras de Kuala Lumpur y adonde la semana pasada fueron trasladados Luis Alfonso de 47 años, José Regino, de 36 años, y Simón González Villarreal, de 33 años, tres hermanos mexicanos sobre quienes se cierne la pena capital.

Los tres hermanos fueron detenidos en marzo de 2008 en una nave industrial de la ciudad de Johor Baru, en la que la policía encontró supuesto material para la fabricación de metanfetaminas, precursores químicos y cerca de 29 kilos de esa droga.

El Alto Tribunal ha citado a los tres hermanos los días 27 y 28 de abril para que expongan por medio de su abogado Kitson Foong, el argumento de en su defensa, confirmó el letrado de los acusados.

Desde 1960 y hasta hoy, en Malasia han sido ahorcadas 441 personas, de las que tres fueron enviadas al cadalso entre 2008 y 2010, según el Ministerio del Interior.

De ese número personas ajusticiadas, 228 lo fueron tras haber sido declaradas culpables de tráfico de droga, otras 130 recibieron el mismo castigo por tenencia ilícita de armas de fuego y tres por declarar la guerra al rey de Malasia.

El último reo occidental al que los verdugos han ceñido la soga fue el australiano Michael McAuliffe, ahorcado en junio de 1993 en la prisión central de Kajang tras permanecer ocho años encarcelado por la posesión de casi 142 gramos de heroína.

La legislación penal de Malasia contempla la pena capital para la persona declarada culpable de haber sido detenida con más de 15 gramos de cualquier droga de las consideradas duras o de 200 gramos de las calificadas como blandas.

Pero también el código mediante el que se juzgan los delitos de droga incluye una "cláusula de presunción" que permite al fiscal y el juez declarar como narcotraficante a toda persona sobre la recaiga la sospecha de que está relacionada con tráfico de droga.

Los grupos de activistas malasios que hacen campaña a favor de la la abolición de la pena capital sostienen que el aumento de las condenas a muerte demuestra que estas sirven de muy poco para combatir el creciente tráfico de droga en Malasia, cuya Policía admite que descubre menos del 8 por ciento de la que se produce en el país o llega del exterior.

"Ya hemos escuchado demasiadas excusas para mantener en vigor este inhumano y arcaico castigo", dicen desde Amnistía Internacional.

Malasia es uno de los 67 países que en 2010 aplicó la pena de muerte. EFE