Uruguay analiza presunta violación argentina de tratado nuclear

Uruguay analiza una presunta violación por parte de Argentina de la Convención de Seguridad Nuclear, al no notificarle la construcción de la central nuclear de Atucha II, a 100 kilómetros al norte de Buenos Aires, la mayor obra en ejecución en ese país, informó hoy el diario uruguayo El País.

Según fuentes oficiales citadas por el rotativo, el "incumplimiento" de ese tratado es "un tema de análisis" para el Ejecutivo uruguayo, que "aún no definió cómo procederá respecto al mismo".

Portavoces de la Presidencia uruguaya consultados por Efe ni confirmaron ni desmintieron la información, pero aclararon que el tema no se debatió en el último Consejo de Ministros, celebrado el lunes.

El País recuerda que tanto Uruguay como Argentina ratificaron la Convención de Seguridad Nuclear, firmada el 20 de octubre de 1994 en Viena, en el seno del Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas.

Los uruguayos el 29 de octubre de 2002 y los argentinos el 17 de abril de 1998.

Esta convención prevé que los Estados con instalaciones nucleares tienen deberes y obligaciones con sus países vecinos, a los que deben informar, recuerda la publicación.

La central nuclear Atucha II, cuya puesta en funcionamiento está prevista para este año, se encuentra a 78 kilómetros de Nueva Palmira, a 86 de Carmelo, a 110 de Dolores y a 135 de Fray Bentos y 138 de Colonia, todas ellas localidades uruguayas, añade.

El País subraya el "paralelismo" entre este caso y la decisión de Uruguay de no informar a Argentina sobre la construcción de la planta papelera finlandesa Botnia (actualmente UPM), en el margen del Río Uruguay, frontera natural entre ambas naciones.

La instalación de esa fábrica generó uno de los peores conflictos bilaterales en décadas, después de que habitantes y grupos ecologistas de la localidad argentina de Gauleguaychú cortaran en 2007 el puente internacional sobre el Río Uruguay que conduce a Fray Bentos, donde está la planta de celulosa.

En respuesta a una demanda argentina, la Corte Internacional de Justicia de la Haya falló en abril pasado que Uruguay incumplió el tratado del río de igual nombre al no notificar a Argentina de la planta de celulosa, pero descartó que esta sea contaminante y que se deba pagar indemnización a los demandantes.

El pasado sábado los manifestantes de Gualeguaychú levantaron por dos meses la protesta a la espera de que los dos Gobiernos realicen un control interno de las instalaciones de UPM, algo que las autoridades de Uruguay parecen dispuestas a hacer siempre y cuando se efectúe también en las fábricas que hay en el lado argentino.

La decisión de Gualeguaychú se produjo después de que Buenos Aires denunciara penalmente a los líderes de la protesta y después de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su homólogo uruguayo, José Mujica, se reunieran varias veces este año para reactivar la relación bilateral.


EFE