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por Redacción RPP
·La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández por fraude al Estado en el caso Vialidad, dejando firme una sentencia histórica que también involucra a otros exfuncionarios y empresarios. Aquí, las pruebas clave, los detalles del fallo y la lista completa de condenados.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó ayer, martes, el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández, confirmando la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Según el fallo de 27 páginas al que tuvo acceso EFE, “el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.
Este pronunciamiento pone fin a un proceso iniciado en 2008, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincias de Santa Cruz (al sur de Argentina) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La sentencia, respaldada por unanimidad por los tres magistrados del Supremo, también desestimó el pedido de la fiscalía para agravar la pena a 12 años por asociación ilícita, confirmando la absolución de Fernández por este delito.
El proceso, revisado por 16 magistrados en diferentes instancias, incluyó a diez jueces y seis fiscales, quienes concluyeron la culpabilidad de la expresidenta.
El fiscal Luciani destacó cómo Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner, pasó de ser un empleado bancario sin experiencia en construcción a convertirse en un empresario que controló el 85% de las licitaciones viales en Santa Cruz.
Las pruebas clave de la fiscalía contra Cristina Fernández
El decreto 54/2009: el instrumento del fraude
Una de las principales pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue el decreto 54/2009, firmado por Cristina Fernández, que modificó un fideicomiso preexistente para incorporar a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria.
Según el tribunal, este decreto “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente”.
Esto facilitó la disposición discrecional de fondos, generando un perjuicio al Estado de al menos 84 000 millones de pesos, según el juez Mariano Borinsky.
La creación de Lázaro Báez como empresario
El fiscal Luciani destacó cómo Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner, pasó de ser un empleado bancario sin experiencia en construcción a convertirse en un empresario que controló el 85% de las licitaciones viales en Santa Cruz.
“En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no solo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial”, afirmó Luciani.
Esta maniobra permitió a Báez acumular contratos millonarios, beneficiando a su vez a empresas familiares de los Kirchner, según la sentencia.
Mensajes de WhatsApp: la coordinación del “plan limpiar todo”
Mensajes encontrados en el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, revelaron la coordinación entre Fernández, Báez y otros involucrados en lo que los fiscales denominaron el “plan limpiar todo”.
Este plan, ejecutado en noviembre y diciembre de 2015 tras la victoria electoral de Mauricio Macri, buscaba cerrar las empresas de Báez, despedir trabajadores y asegurar el cobro de 537 millones de pesos por obras inconclusas.
Los chats muestran reuniones entre López y Fernández en la Residencia de Olivos, así como encuentros con Báez en Santa Cruz, evidenciando la intervención directa de la expresidenta.
Obras sin finalizar y cartelización
La fiscalía también señaló irregularidades en las obras viales, como rutas sin terminar, sobreprecios y prácticas de cartelización.
Empresas del grupo Austral Construcciones presentaban ofertas coordinadas, eliminando la competencia real y permitiendo pagos por encima de los presupuestos oficiales.
Estas maniobras, facilitadas por el exsecretario José López, generaron beneficios económicos para Báez, parte de los cuales fueron redirigidos a negocios familiares de los Kirchner, según lo investigado en la causa Hotesur, aún pendiente de juicio.
Los condenados en el caso Vialidad
Además de Cristina Fernández, el fallo de la Corte Suprema dejó firmes las condenas de otros ocho exfuncionarios y empresarios involucrados:
- Lázaro Báez: 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta.
- José López: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua como autor de administración fraudulenta.
- Nelson Periotti: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.
- Mauricio Collareda: 4 años de prisión e inhabilitación por administración fraudulenta.
- Raúl Daruich: 3 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.
- Juan Carlos Villafañe: 5 años de prisión e inhabilitación por administración fraudulenta.
- Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.
- José Santibáñez: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.
Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 2 absolvió a Julio de Vido, Héctor Garro, Abel Fatala y Carlos Kirchner.
Caso Vialidad, un proceso de 17 años
El caso Vialidad comenzó a investigarse en 2008 y cobró impulso en 2016 bajo la instrucción del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Las acusaciones se centraron en un esquema de corrupción que favoreció a Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, en la adjudicación de contratos viales en Santa Cruz.
Durante el juicio oral, iniciado en 2019, Cristina Fernández evitó responder preguntas, limitándose a declarar que “a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia”. Sin embargo, las pruebas acumuladas, revisadas por la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, culminaron en la confirmación de su condena por el Supremo.
Aunque el fallo de ayer tiene un fuerte impacto político, la Corte Suprema enfatizó que su decisión se basó en pruebas y en el respeto al debido proceso, desestimando las alegaciones de la defensa sobre parcialidad judicial.
La expresidenta, que no podrá ejercer cargos públicos de por vida, enfrenta ahora un nuevo escenario político y judicial, y en cinco días deberá concretarse el inicio de su sentencia carcelaria. Por su edad, 72 años, Fernández podría beneficiarse con el régimen de prisión domiciliaria, una solicitud que ella debe presentar ante el tribunal que la condenó en primera instancia.
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