Decenas de miles de mujeres de países asiáticos como Camboya, Laos, Vietnam y Birmania han sido víctimas colaterales de la política del hijo único implantada en China entre 1979 y 2015.
Nary tenía 17 años cuando tuvo que abandonar Camboya, vendida por su hermano por 3.000 euros, y la obligaron a casarse con un chino. Pero un año y medio después, este matrimonio forzado se rompió y ella regresó a su país sin dinero y sin poder volver a ver a su hijo. Como otras decenas de miles de camboyanas, laosianas, vietnamitas y birmanas, la joven es una víctima colateral de la política del hijo único implantada de 1979 a 2015 en China, que provocó uno de los peores desequilibrios demográficos del mundo.
El país cuenta hoy con un exceso de unos 33 millones de hombres y el déficit de mujeres conduce a cada vez más solteros chinos a buscar una esposa al otro lado de sus fronteras. Deseosas por salir de la pobreza, forzadas por sus familias o víctimas de los traficantes de seres humanos. Son miles las razones por las cuales estas jóvenes van a casarse a China.
Comprar una esposa
Y así como algunas historias terminan en una unión feliz, otras mujeres acaban endeudadas, incapaces de reembolsar los gastos de la boda, y caen a veces en la prostitución. Otras, sin papeles, acaban en centros de detención en China. Comprar una esposa en Camboya cuesta entre 10.000 y 15.000 dólares (entre 8.000 y 13.000 euros). Los intermediarios chinos y sus agentes camboyanos se llevan la mayoría, pero esto a menudo cubre también una "dote" de entre 1.000 y 3.000 dólares ingresados a la familia de la novia, una considerable suma en este país pobre.
El esposo chino de Nary, que ha pedido usar este nombre ficticio, desembolsó 10 mil dólares, de los cuales 3 mil acabaron en el bolsillo del hermano de la joven, que no le ha transferido nada, y los 7 mil restantes se distribuyeron entre los diferentes intermediarios. "Mi familia es pobre y yo debía ayudarla casándome con un chino. Así que me fui", contó Nary a la agencia AFP.
Esta joven viajó con una visa de turista a Shanghái, junto a otras jóvenes. "Nos llevaron a una casa donde esperaban otras camboyanas [...] Unos días más tarde, vinieron unos chinos a escoger", explica. El dinero que le prometieron nunca fue entregado y el esposo, presentado por un agente como "un apuesto y rico médico", resultó ser un obrero de la construcción.
Un año de detención
El matrimonio de Nary implosionó un mes después del nacimiento de su bebé. La abuela del niño prohibió bruscamente a su nuera amamantarlo. "No me dejaba [la abuela] agarrarlo ni verlo", relata la joven. La familia pidió el divorcio y Nary abandonó el domicilio conyugal. Encontró un empleo en una fábrica de vidrio cercana. Pero como su visa expiró, fue detenida y enviada a un centro de detención durante un año, con decenas de mujeres vietnamitas y camboyanas, atrapadas en situaciones similares.
Una vez liberada, Nary logró volver a Camboya donde trabaja en una fábrica de confección. Pero nunca volvió a ver a su hijo.
Sin estadísticas
No existe ninguna estadística oficial sobre el número de camboyanas que se fueron a casar a China. Según diversas estimaciones, serían poco varios miles, una cifra que sería mucho mayor entre las mujeres vietnamitas, laosianas o birmanas. En China existen leyes que prohíben los matrimonios forzados y, en virtud de la ley camboyana, los agentes matrimoniales que alientan esta práctica pueden ser condenados a una pena de 15 años de cárcel, una sanción que es mayor si la joven es menor.
Pero emprender procesos judiciales sigue siendo tarea difícil. Los intermediarios pagan hasta 5 mil dólares por el silencio de estas mujeres. "La boda con chinos no es algo malo en sí", destaca Chou Bun Eng, presidenta del comité camboyano contra la trata de seres humanos. "Los problemas empiezan cuando esto se hace ilegalmente a través de intermediarios", añade.
La situación no es mejor en Laos o en Birmania. Ambos países están señalados en el último informe anual del departamento de Estado estadounidense por la trata de seres humanos, que considera que éstos "no responden a las normas mínimas" de lucha contra este tráfico.
AFP
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