Las demoliciones han desatado polémica en Pekín porque contempla el desalojo de miles de migrantes que vivían en edificios que según las autoridades no cumplían con la normativa.
Pekín planea demoler este año más de 40 millones de metros cuadrados de construcciones que considera ilegales. El 40 % de las zonas derribadas se transformarán en espacios públicos verdes, informó la agencia estatal Xinhua.
Las autoridades locales acordaron esta medida durante una sesión legislativa municipal con el objetivo de garantizar que no se construyan más estructuras fuera de la normativa vigente. Estas demoliciones, que ya han empezado a realizarse en la ciudad, han desatado la polémica porque la campaña conlleva el desalojo masivo de miles de migrantes de zonas rurales.
Desalojo de migrantes
Desde finales del 2017, distritos como el de Daxing, al sur de Pekín, han quedado desolados debido a estos derrumbes. Numerosos edificios de viviendas se han reducido a montañas de escombros.
Miles de personas, la mayoría migrantes indocumentados, se quedaron sin hogar tras el desalojo de estos edificios en pleno invierno. Esto ha provocado gran indignación entre los afectados y la sociedad china en general.
Nueva ciudad
Las autoridades municipales también han anunciado la reubicación fuera de la capital de más de 40 empresas estatales y el cierre de otras 500 fábricas. Estas medidas forman parte de su plan para sacar de Pekín la industria y reducir la contaminación del aire.
Los objetivos municipales de Pekín para el 2018 son la construcción de diez parques de ocio, la creación de 1.600 hectáreas de nuevas áreas verdes y la promoción de la "revolución del retrete" con la renovación de 580 baños públicos. EFE
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